Enmendar el nuevo Código Penal, para introducir cuidadosamente ciertos tipos de aborto terapéutico, revela un gran desfase de nuestro país sobre el tema respecto a otros de igual o menor desarrollo de la región, producto de que la clase política dominicana evade asumir el problema como un derecho de la mujer y darle la interpretación científica que involucra.
El aborto terapéutico no tiene carácter religioso. Y si las iglesias simplemente abogan por el derecho a la “vida” como principio cristiano, ¿por qué tienen que faltar a la ética cayendo en el chantaje, al amenazar a legisladores con hacerles perder su curul? Y muchos cayeron en la trampa, pese a que ellos mismos saben que los puestos electivos los alcanzan con clientelismo y asistencialismo.
Todo indica, de todos modos, que el Código Penal se modificaría en lo inherente al aborto, pero sería violatorio al Artículo 37 de la Constitución de la República, que dice: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte…” Es claro y no está sujeto a las interpretaciones que suelen hacer los abogados. Para que el aborto terapéutico tenga validez tendría, entonces, que reformarse también la carta magna.
En consecuencia, la aprobación del aborto terapéutico en el Código Penal (muy humanitaria) podría ser un pretexto para una nueva reforma constitucional. Y esa reforma, especulo yo, se aprovecharía para colar el tema de la reelección presidencial, bajo la tesis de la alta aprobación que tiene Danilo Medina y el descrédito moral de Leonel Fernández.
Leonel Fernández ha exhibido apoyo de muchos legisladores. Pero esos legisladores simultáneamente se cotizan ante el gobierno, que administra todos los recursos del Estado y cuando se propone una meta nada lo detiene. No observo mayor objeción en quitar el impedimento a Medina para que pueda optar por otro período presidencial.
Medina ha superado a la anterior gestión de Leonel Fernández y no ha tenido oposición, pero no es verdad que ha hecho un tremendo gobierno como se enarbola, pues la nómina pública sigue abultada, se ha garantizado impunidad a los desfalcadores y nada se ha hecho para corregir el desorden institucional heredado ni las benditas altas cortes.
