El lavado de activos o blanqueo de dinero tiene un móvil que le es inseparable: dar apariencia de legalidad a dinero de origen espurio. Ni el dinero donado por contratistas del Estado a la Funglode es de origen ilegal, ni ha ocurrido con su donación lo que debería pasar para hablar de la posibilidad de que el presidente de esa entidad estuviera incurriendo en lavado, es decir que esos fondos no están entrando por una vía y saliendo por otra. Como fuera, por ejemplo, que se donaran a la fundación y por otra vía esta los transfiriera a cuentas personales del doctor Leonel Fernández, pretextando pagos de algunos servicios.
Que pudiese sugerirse la práctica de soborno porque la destinataria de las donaciones era una fundación liderada por quien podía otorgar los contratos, que no en todos los casos porque los había ganado en licitación, pero los montos de las donaciones dicen claramente que no se trataba de eso, eran pírricos en relación con la magnitud de las contrataciones.
No hay méritos jurídicos para que el Ministerio Público, representado en este caso por la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, acoja la querella interpuesta por el doctor Guillermo Moreno en base a la imputación de lavado de activos, pero se trata de un caso que debe ser tratado con el rigor correspondiente, y ha hecho bien la magistrada en convocar la vista de abogados en su despacho para darle oralidad al proceso, como lo ha hecho en todos los casos importantes que ha manejado. Los insultos y la mofa de la que ha sido objeto, son absolutamente inmerecidos.
Los que aspiraban a que ella produjera un archivo del expediente saltando un requisito como el que cumplió el pasado viernes, no están viendo más allá de lo obvio, y están contribuyendo con el objetivo de los que están detrás esta trama, que pudieran ser manos fácticas extranacionales, que no han concebido una querella sino un entrampamiento, ensañadas sabrá Dios por cuales motivos contra la figura del doctor Leonel Fernández.
Todo el que maneja información privilegiada sabe que esa querella contra el expresidente Fernández no anda sola, y que quienes la promueven saben que no hay posibilidad de que él resulte perjudicado ni en el Ministerio Público ni en la Suprema. ¿Qué persiguen? Que la solución de la querella arrastre un costo alto de imagen para Leonel Fernández y la acumulación de poderes de su partido.
Dos instituciones tendrán que prepararse: la Suprema Corte de Justicia, que será objeto de una despiadada campaña de descrédito, y el Parlamento Centroamericano, que pudiera terminar modificando la disposición que convierte en miembros de pleno derecho a los expresidentes de los países miembros.
La decisión de la fiscal será recurrida ante un juez de instrucción por los abogados de Moreno, lo que llevará a los abogados de Fernández a invocar su privilegio de jurisdicción, evitando que un juez ordinario de instrucción trate el caso y remitiéndolo a la Suprema.
Se proyectará un ex presidente evadido de la justicia ordinaria por la inmunidad del Parlacen y absuelto por su control de la Suprema Corte de Justicia, y no fruto de una querella sin méritos.
