La activa participación del Poder Ejecutivo en el tema de Bahía de Las Águilas y la voluntad política que con ella se ha puesto de manifiesto, constituye una prueba de que no es cierto que ese poder del Estado no tenga nada que hacer cuando la solución de una problemática nacional dependa de manera fundamental de otro estamento del poder público.
Resulta imposible negar la incidencia que ha tenido en el resultado que se ha podido obtener hasta ahora en este expediente, la actitud asumida por la representación del Poder Ejecutivo, sin la cual habría sido muy cuesta arriba concretizar la proeza de revertir una artimaña como la que se ejecutó a costa de un patrimonio nacional.
Nadie puede olvidar el rol desempeñado por el magistrado Francisco Domínguez Brito; por la magistrada Yeny Berenice Reynoso y, lo más importante, la encomiable posición del Presidente de la República al negarse a indemnizar a adquirientes fraudulentos; al escuchar a la sociedad civil en sus reclamos; y al haber designado a una abogada que, como Laura Acosta, está comprometida de forma auténtica con buscarle a este caso una solución acorde con el interés colectivo.
No obstante, si bien es cierto que ese papel ejercido por el Poder Ejecutivo ha sido estelar, no menos verdadero es que al mismo tiempo lo despoja de un argumento al que con frecuencia recurre para justificar su inacción ante algunas demandas de la población, alegando que se trata de un asunto que no es de su competencia. Lo que afirmo no se trata de algo exclusivo de los actuales titulares del Ejecutivo.
Por el contrario, es práctica frecuente desde el origen mismo de la república. Un ejemplo lo constituye el tema de la corrupción pública y privada. Con solo alegar que su persecución corresponde al Poder Judicial, los gobernantes nuestros han eludido su responsabilidad en propiciar que miles de millones de pesos vayan a parar a bolsillos particulares y, de esa forma, se impida solucionar los acuciantes problemas que nos afligen desde hace tanto tiempo.
Al menos debieran asumir un rol similar al que han jugado en el caso Bahía de Las Águilas y luego, si el Poder Judicial no se comporta al nivel de las expectativas, la ciudadanía sabrá derivar las correspondientes conclusiones. De ahí que, propicia es la ocasión para utilizar lo ocurrido y demostrarle al gobierno que cuando existe voluntad política, los resultados son diferentes.
