El 2008 fue el año en que mayor se acentuó el deterioro de las instituciones democráticas, provocando un retroceso en los avances que, en el área institucional, había experimentado la democracia dominicana, fundamentalmente en los órganos de control de las finanzas públicas y en el Poder Judicial. En gran medida, el deterioro de la institucionalidad se debió al peso que ejerce en los distintos Poderes del Estado, la reelección del presidente Leonel Fernández.

Antes del 16 de mayo de 2008, quienes estamos en la oposición política habíamos advertido las consecuencias que tendría para el país la reelección del Presidente de la República. Hoy, al despertar no solo de la resaca navideña sino de la carga pesada que significo para los bolsillos de la mayoría de los dominicanos el año 2008, los sacrificios que deberemos afrontar durante el 2009 es también una consecuencia de cómo los recursos del Estado se usaron, mediante pactos y acuerdos con fines de puro blindaje (para usar una palabra desgastada) político, para ganar las elecciones.

Sólo así se explica la designación de la actual Cámara de Cuentas, sin mayor transparencia, fruto de los acuerdos electorales con parte de quienes hoy celebran la reunifación de uno de los partidos de oposición. El propósito de esto es muy evidente: que no habrán auditorías hechas con la rigurosidad y la transparencia, y que comprometan la responsabilidad de quienes hoy administran los fondos públicos. Se disminuyen las posibilidades de que exista una administración pública con rendición de cuentas.

Pero, lo que agrava más este clima de deterioro institucional, es que la última esperanza de contrapeso a los desvaríos del poder lo representaba la Suprema Corte de Justicia, el más importante de todos los Poderes del Estado. Su cierre del año pasado, como lo fue la sentencia que declaro inadmisible el recurso de inconstitucionalidad del caso de la Sun Land, ha lacerado profundamente la credibilidad y los avances que había experimentado desde su conformación. Nos estamos quedando sin instancias que puedan hacer rectificar las actuaciones de quienes ejercen el poder, cuando las mismas son violatorias a la Constitución de la República y a las leyes.

Resulta difícil identificar el ganador o los ganadores de la sentencia sobre el caso Sun Land. Pero el perdedor esta claramente identificado: El Poder Judicial, y con el, las esperanzas de justicia que tiene la mayoría del pueblo dominicano. Pasará buen tiempo para que se pueda curar esta herida incrustada en lo más profundo del sentimiento democrático de nuestro país.

El próximo 7 de enero de 2009 se celebrara el Día del Poder Judicial. Es una buena oportunidad para reivindicar el rol del guardián de los contrapesos del Poder, que todos los dominicanos anhelamos tener y admirar en la máxima expresión del Poder Judicial. Hoy, más que nunca, el país necesita controlar al Leviatán como garantía del Estado democrático.