El proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en la República Dominicana, hace tiempo que perimió en la Cámara de Diputados, dejando abierto un espacio para la corrupción, la compra de conciencias y el repugnante transfuguismo. Es difícil que se logre un consenso para su aprobación. Es preferible estar inmersos en el caos y la anarquía que predominan en los procesos electorales donde no prevalece el principio de igualdad entre las partes.
De haber existido la ley, las elecciones del pasado reciente hubiesen estado revestidas de transparencia, diafanidad y limpieza. Ocurrió lo contrario: compra de dirigentes, opositores y despojo de candidaturas constituyeron el común denominador.
También las crisis internas actuales y las que están por venir encontrarían un muro de contención si una legislación regulara las convenciones.
Por ejemplo, el proyecto de ley prohíbe el despojo de candidaturas que hayan sido ganadas en procesos convencionales internos y en primarias a dirigentes o militantes del partido o agrupación política para favorecer a otras personas, incluyendo a los de la misma organización.
La proyectada norma también castiga y desaprueba usar, en cualquier forma y a cualquier título, los bienes y fondos públicos en provecho propio o de los candidatos por ellos postulados.
Con un estatuto de esa naturaleza, la Junta Central Electoral sería la institución que organizara las primarias de los partidos y proveyera las logísticas necesarias para lograr el éxito de tal evento. Tal regulación evitaría las retaliaciones y las luchas intestinas de las entidades que participan en la arena política.
Realmente, los dominicanos no veremos, por el momento, la aprobación de una ley de partidos políticos. Tenemos que admitir que hay proclividad a utilizar los procesos eleccionarios para denigrar la condición humana y la dignidad de la persona que se atreve a postularse.
