Diez temas en los que confluyen intereses económicos y políticos, dominan el debate público en las últimas semanas: 1.- El más intenso es el relativo al contrato para la instalación de máquinas de rayos X en los puertos del país objetado por los tres últimos directores de Aduanas, por la Cámara Americana de Comercio, la Asociación de Industria y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y defendido por la familia Castillo Semán, de la que forma parte el doctor Salomón Melgen, que adquirió la mayoría accionaria de la empresa que operaría el sistema.
En contra se alega inconstitucionalidad por la creación de un monopolio privado y la inefectividad y carestía de una supervisión que no contará con el reconocimiento de las autoridades de los Estados Unidos, a favor la necesidad de contrarrestar la utilización de los puertos en el tráfico internacional de drogas, así como la necesidad de enfrentar el contrabando. Este tema ha sido adobado por la situación que confrontan en los Estados Unidos, el senador de New Jersey, Bod Menéndez y el doctor Salomón Melgen.
2.- La propuesta de modificación de la ley de Aviación Civil, 491-06, que trata de adecuarla a los mandatos de la Constitución del 2010, a la ley de Función Pública, flexibilizando algunos requerimientos para permitir la entrada de nuevas líneas aéreas, pero ha sido objetada porque se pretende que su presupuesto no siga la norma presupuestarias del Estado, que sus empleados se sigan rigiendo por el Código Laboral, y no por la que toca a todos los servidores públicos, y que se preserve un mayor proteccionismo para las inversiones locales. Ese debate ha sido abortado y parte de las objeciones se deben al desconocimiento integral de la propuesta.
3.-Los ataques al contrato con la minera Barrick Pueblo Viejo, incrementados a raíz de unas declaraciones del presidente de la cámara de Diputados, Abel Martínez, que expresó la disposición de la entidad de preside de revisar ese contrato, acción que no le está permitida por la Constitución, que limita la facultad del Congreso a aprobar o rechazar un contrato remitido por el Poder Ejecutivo, y nunca a intervenir en él de forma unilateral después de su aprobación, pero el planteamiento que es improcedente en lo legal, es muy popular porque es mayoritario el criterio de que debido a la multiplicación por tres de los precios internacionales del oro deben haber mejores beneficios para el Estado dominicano, por lo que la posición del Abel Martínez y de los que la han endosado puede tomarse como una favorable presión de opinión pública acorde con los intereses nacionales.
4.-La ley 28-01 que concede privilegios a las empresas que se instalan en las provincias fronterizas que las empresas que están fuera de ese régimen objetan porque los consideran propiciantes de competencias desleal. La Asociación de Industria ha estado a la cabeza de las objeciones, mientras que diputados y senadores, así como líderes religiosos y sociales, se han atrincherado en la defensa de la ley sin modificaciones.
5.-Las querellas contra los supuestos actos de corrupción que tienen como finalidad la inhabilitación política del ex presidente Leonel Fernández, pero que no han tomado mayor dimensión porque se advierte claramente que no hay un interés real por combatir la corrupción.
Por espacio, solo voy a listar los otros: 6.-La crisis del PRD. 7.-Confliecto Pro-consumidor-gaseros. 8.- Amnistía fiscal. 9.- guerra de las telefónicas. 10.- misceláneos de farándula.
