Los mensajes del más allá son elocuentes. De no ser por las auspiciosas señales de la justicia en varios países de la región por aquí no habría la menor esperanza, no para que se establezcan responsabilidades, sino para conocer las implicaciones de las operaciones ilícitas de Odebrecht para construir obras. Tanto las afirmaciones de la magistrada Miriam Germán Brito como del prominente dirigente peledeísta Temístocles Montás, imputado por los supuestos sobornos de la compañía brasileña, sintetizan, grosso modo, las deplorables debilidades en la investigación de la Procuraduría General de la República para aclarar el mayúsculo escándalo de corrupción.
Casos como el de Lula da Silva, contra quien se ha pedido nueve años y seis meses de prisión por el escándalo de Petrobras, son muy ilustrativos. Lula, que durante sus ejercicios del poder constituyó un referente para la región y el mundo, tiene todavía procesos pendientes que podrían constituir el golpe de gracia para su reputación. Su defensa de que se trata de una persecución política contrasta con el hecho mismo de que el actual mandatario de Brasil, Michel Temer, está a un tris de ser enjuiciado por la supuesta comisión de actos dolosos. Además de que en la nación ningún político y empresario sospechoso de incurrir en irregularidades ha resultado ileso de la cruzada judicial.
A la prisión del carismático Lula da Silva se suma el encarcelamiento del expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa Nadine Heredia, acusados de recibir tres millones de dólares para la campaña electoral de 2011. En los procesos para aclarar las implicaciones no se pueden obviar las solicitudes de extradición contra los expresidentes Alejandro Toledo, a quien se imputa recibir sobornos por 20 millones de dólares de la constructora brasileña, y del panameño Ricardo Martinelly, quien está detenido en Estados Unidos. En Colombia, a pesar de que el presidente Juan Manuel Santos negó que hubiera recibido aportes de la firma para su campaña, La Fiscalía encontró que recibió un millón de dólares. El mandatario no tuvo más que pedir perdón. En países como Argentina, donde por aparentes complicidades de la justicia no se ha avanzado en las investigaciones, el Gobierno se ha ocupado de enviar comisiones a Estados Unidos para escarbar las confesiones de la compañía.
Con ese panorama, por más que se empeñe el procurador Jean Alain Rodríguez, resultará muy difícil evitar que algún día aflore toda la verdad sobre el caso Odebrecht. Si los sometimientos realizados han rebotado ante la opinión pública ha sido tanto por la falta de pruebas, como expresó Germán Brito, como por su carácter selectivo. Los cabos sueltos sobre la ruta del dinero para la contratación de las obras y la aprobación de los préstamos forman una interminable cadena de interrogantes.
