Mercedes, nombre supuesto al igual que Esperancita, mujer de 26 años, con cuatro hijos traídos al mundo, embarazada ahora con un producto poliformado, que no tiene oportunidad de sobrevivir, renueva la referencia del aborto en el país. Visitó el Ministerio de Salud Pública, donde no hay nada que hacer por ella porque la ley no permite el aborto en ningún caso.
Hay que recordar las palabras de Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, cuando envió al Congreso de ese país, el proyecto de ley que despenaliza el aborto, y dijo: “No podemos condenar a las mujeres a que carguen solas con el dolor y las pesadas consecuencias de no poder decidir por causas de una ley, porque atropellamos su dignidad, prolongamos sus sufrimientos, arriesgamos su vida”. Igual que nosotros, Chile tiene absolutamente prohibido el aborto desde la dictadura de Augusto Pinochet, quien lo abolió poco antes de abandonar el poder.
Junto con Chile y otros pocos países del mundo, conformamos una minoría bochornosa, de naciones que niegan a las mujeres la posibilidad de vivir, en sentido estricto de la palabra, y de sobrevivir con dignidad humana.
Antes de su modificación en 2001, la Ley General de Salud reconocía el aborto terapéutico, decisión que tomaban tres médicos y médicas cuando la salud de la mujer peligraba. Conocí entonces, más de un caso de interrupción del embarazo por causas de malformación fetal, incompatible con la vida.
En nuestro país, el Código Penal, fue observado por el Poder Ejecutivo en relación al aborto en las siguientes circunstancias: cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el embarazo es producto de violación o incesto y cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida. El Código fue promulgado, estando pendiente la elaboración de los protocolos necesarios.
En ese polémico momento, la Ministra de Salud Pública consideró que, “por encima del dogma existe la realidad de proteger, garantizar y salvar la vida de las dominicanas”, asegurando que “con las observaciones para despenalizar el aborto, el Presidente salva la vida de todas las mujeres”. Además, la Ministra explicó, “que penalizar la interrupción del embarazo en esas tres situaciones excepcionales sería contravenir los avances de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y sería un retroceso de los derechos de las mujeres, que han venido logrando importantes progresos en lo que tiene que ver con la prevención y atención a la violencia, con la vida de niños y adolescentes”.
El Congreso, los ministerios correspondientes y la sociedad civil organizada, tienen que responderle a Mercedes!
