El presidente de la Asociación Nacional de Metaleros de República Dominicana (Asonamerd) advirtió hoy que la prohibición de la exportación de chatarras provocará un aumento del desempleo en el país.
El licenciado David Santiago, dijo que cualquier prohibición haría obligatorio el despido de unos 94 mil empleados fijos.
En el Congreso de la República reposa un proyecto de ley que prohíbe por 10 años la exportación de chatarras.
Dijo que al menos nueve empresas de zona franca, 32 empresas exportadoras de metales y 2,200 centros de acopio se verían obligados a cerrar sus puertas.
El licenciado Santiago, explicó que con el cierre de las empresas serían despedidos de forma inmediata unos 8,000 mil empleados que laboran en Zonas Francas y en el resto de empresas exportadoras, así como también cerrarían sus puertas 2,200 centros de acopios los cuales albergan aproximadamente 31,000 trabajadores.
Dijo que también unos 54,000 tricicleros que acuden diariamente a los diferentes centros de acopios que obtienen el sustento de sus familias vendiendo desperdicios, se verían asimismo afectados, totalizando una pérdida de más de 94 mil empleos, definiendo la situación como sumamente delicada por el deficit de empleos en el país.
El licenciado Santiago, también mencionó la gran amenaza adicional que existe al enumerar los miles de empleos indirectos que se verían igualmente afectados ya que diariamente se desplazan miles de chóferes de camionetas plataneras, camiones y buzos de los vertederos, los cuales sustentan a sus familias recolectando y vendiendo chatarras de forma legal.
El presidente de la Asociación de Metaleros de la República Dominicana entiende que el hecho de prohibir la exportación de estos materiales no sería la solución a la actual ola de robos de metales que se presenta en el país y aclara que ninguno de los miembros de la entidad que dirige, se ha vinculado en el negocio sucio de comprar metales hurtados.
Santiago expresó que en cada una de las empresas pertenecientes a la institución que dirige, se desvincula de las acciones fraudulentas, afirmando que las instalaciones y operaciones que se realizan en las mismas se produce una estricta vigilancia por parte de la Dirección de Aduanas y otros organismos oficiales.
