Si el horizonte estaba plagado de incógnitas, sobre todo en lo referente a los sometimientos de los imputados por los sobornos de Odebrecht, el procurador general de la República se ha ocupado de agregar otra que, tal vez sin proponérselo, no solo lo compromete personalmente, sino que torna más difuso el panorama.

Se trata de la solicitud a la Cámara de Cuentas para que verifique la declaración jurada de bienes del ex director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña Crique.
A pesar de que entre las atribuciones de la Cámara de Cuentas figura la verificación y la determinación de la procedencia de los bienes declarados por los funcionarios, de la solicitud del jefe del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, se desprende que las pasa por alto.

Y que su queja de que a la fecha hay 5,177 personas que no han cumplido con el mandato no es más que una simple alharaca para encubrir su laissez faire, laissez passer o su complicidad con violaciones que debilitan la lucha contra la corrupción y la impunidad.

El caso Diandino, quien fue destituido en medio de las revelaciones de la periodista Alicia Ortega sobre sus empresas no declaradas, parece una cuña forzada.

Desde su sorpresiva designación el procurador jamás ha inspirado confianza, que él ha ensombrecido más con la investigación del caso Odebrecht (reducida únicamente a los sobornos). Ahora vuelve a poner el foco en su persona con la verificación que ha pedido del patrimonio de Diandino. ¿Por qué? Simplemente, porque el suyo de 224 millones de pesos ha debido ser el primero en ser transparentado.

Por más legítimo que sea es conveniente en cualquier circunstancia conocer la procedencia de la fortuna de un profesional nacido en 1975, que ha sido profesor universitario y que en 1997 se desempeñó como abogado auxiliar de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.

La decisión que tome sobre Odebrecht no causará la menor sorpresa, a menos que entre los imputados estén todos los que son. Pero esa posibilidad es una utopía, más aún después del pacto de silencio, que otros países han rechazado en su interés de esclarecer la verdad, a que se reduce el acuerdo para el consorcio resarcir al Estado por el pago de sobornos.

Si pretende propiciar un golpe de efecto descargando todo el peso contra el empresario Ángel Rondón, así sí es que se le caería todo el andamiaje.

Rondón, al menos que se sepa, no ha sido ni es funcionario público, sino un mediador que, como ha declarado, cobra por sus servicios.

Todas las incógnitas conllevan a que en torno al guión de Odebrecht, pésimo por cierto, ni siquiera los chinos de Bonao se hagan la menor expectativa. Y crezcan las incógnitas.