Desde que en España se imputó a una hija de un rey y hermana de un rey en un expediente por corrupción se percibió que la investigación era en serio. En modo alguno para ilusionarse con la prédica de que la justicia es igual para todos, pero sí con la sentencia de que quien la hace, la paga.
El proceso contra la infanta Cristina revistió a Justicia de la autoridad moral para perseguir a funcionarios y exfuncionarios a todos los niveles implicados en acciones irregulares.
La detención durante un allanamiento a su residencia del exvicepresidente y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, como parte de una investigación por presunto fraude fiscal y otros delitos, ratificó que los pejes gordos no están exentos de los tentáculos de la Justicia.
Pero España no es la única nación donde la Justicia ha desempeñado un rol que se corresponde con sus funciones. En Portugal se abrió un expediente por enriquecimiento ilícito contra el exprimer ministro, José Sócrates.
Uno de los cargos está relacionado con la compra de un apartamento de 70 metros en París. También hace apenas unos días que en Francia un senador se suicidó antes de comparecer ante los tribunales por alegada malversación de fondos en que se habría incurrido cuando era alcalde de una comunidad.
No son los únicos, pero están entre los más trascendentes.
En la región, el fantasma de la corrupción se propaga por varios países. En Panamá, por ejemplo, un exjuez del Tribunal Supremo fue condenado porque no pudo demostrar la procedencia del dinero para comprar un apartamento, mientras que el expresidente Ricardo Martinelli ha sido desaforado para ser procesado por malversación de fondos públicos.
En Perú, el expresidente Alejandro Toledo será enjuiciado por unas inversiones inmobiliarias realizadas por una compañía, en cuya propiedad se le vincula, regenteada por su suegra.
En Colombia, al menos dos exministros de Alvaro Uribe fueron sentenciados por movilizar a personas a favor de la reelección del entonces Presidente de la República.
En México, la compra de una mansión por la primera dama a un empresario que había sido beneficiado con contratas cuando el hoy mandatario Enrique Peña Nieto era alcalde la ciudad ha originado la designación de una comisión para investigar la operación.
Todos hemos visto lo que pasa en Brasil, donde el tesorero del partido en el poder acaba de ingresar en prisión por el caso Petrobras, en tanto otros pejes gordos son investigados.
En Chile, la presunción de que un hijo de la presidenta Michelle Bachelet traficó con influencia para adquirir un préstamo para un proyecto habitacional ha desatado una verdadera tormenta.
Puede advertirse, pues, que en la cruzada contra la corrupción en muchos países han caído pejes gordos, en contraste con República Dominicana, donde no han caído ni gordos ni flacos, porque, a pesar de que las imputaciones son todavía más escandalosas, aquí reina la impunidad.
