Amplios segmentos ciudadanos se movilizan en reclamo de poner fin a la corrupción e impunidad, aunque en realidad lo que quiere la gente es que se activen los mecanismos de ley para prevenirlos, perseguirlos y sancionarlos.

La población anhela y merece absoluta garantía de que las instituciones del Gobierno y del Estado desarrollen sus actividades con plena transparencia, sin la menor cabida a la prevaricación, para lo cual se requiere un eficiente orden administrativo y judicial que se aplique en todo estado de causa.

República Dominicana dispone de todas las herramientas jurídicas para combatir la corrupción y de un vasto ensamblaje de prevención de ese flagelo, pero hay una evidente escasez de voluntad en los sectores públicos y privados para poner a toda marcha el tren de la transparencia.

El reclamo colectivo contra la prevaricación no requiere de intermediación partidaria ni corporativa, porque durante muchos años el liderazgo de ambos sectores ha sido parte del problema y no de la solución, sea por acción, complicidad o indiferencia.
Tampoco resulta válida la pretensión de desviar un legítimo interés ciudadano que marcha de cara al sol, por callejuelas de burdos intereses económicos o políticos. El río de justicia sigue su caudal sin desbordarse.

Para evitar contaminación ética o moral en esa procesión se requiere que todos los participantes, especialmente quienes aspiran marchar a la vanguardia, presenten sus credenciales de que han sido inmunes al cohecho y a toda forma de prevaricación.
Los titiriteros de ocasión están compelidos a cortar sus hilos o exponerse a que las aguas de indignación los ahoguen en las primeras marejadas, porque por su historial nebuloso, mucha gente no tendría ni manos para lanzar la primera piedra.

Poderes públicos y sociedad deberían tener bien presente que el movimiento anticorrupción no es ni aspira a ser una feria, un circo ni una hoguera, sino una expresión genuina de la ciudadanía que anhela y exige transparencia y justicia. Que nadie se equivoque.