El pueblo dominicano no es racista, ni los haitianos son un peligro para nosotros. Unas y otras acusaciones en ese sentido son exageradas y perturbadoras, sin que haya razón alguna para que las posiciones se extremen, como ha ocurrido en los últimos días. ¿Qué amenaza puede representar un país sin ejército? Hechos aislados, acaso recurrentes, no identifican el comportamiento general de una nación.
Además del inevitable e indefinido factor geográfico que nos une, prosperan los motivos económicos, sociales y medioambientales que también nos confinan para toda la vida en esta isla del Caribe tropical bañada por las aguas del Atlántico. Seculares condiciones separadas, eso sí, por culturas y lenguas diferentes que de manera alguna son obstáculos insalvables para lograr la necesaria unidad en términos prácticos, comerciales y cotidianos.
Sin embargo, las conveniencias políticas, de uno y otro lodo, contaminan y entorpecen el tránsito fluido para unas relaciones recíprocamente provechosas e inalterables. Mientras avanzan los esfuerzos en materia de comercio y asistencia técnica y profesional en el sector privado, tenemos que echar de menos la aplicación de políticas serias y coherentes en materia migratoria, faltas que las partes occidental y oriental de la isla deben asimilar y corregir.
De aquel lado las exigencias suelen ser exageradas, arreciadas conforme pasajeros intereses políticos, y de este lado se da la impresión de que la persecución a extranjeros ilegales es selectiva, concentrada en los haitianos. Si nos llevamos de las estadísticas, esta es una percepción probable. No hay reportes sobre nacionales de otros países, deportados por vivir y trabajar aquí sin la debida acreditación oficial. Estaríamos, entonces ante una situación de privilegio o exclusión, no así de racismo ni xenofobia.
Los dominicanos convivimos con los haitianos de forma natural. Los empleamos en labores agrícolas, domésticas y de construcción, les compramos frutas, agua, periódicos, tarjetas de llamada, dulces, nos montamos en sus carros públicos, dejamos que sus mujeres paran en nuestros hospitales públicos. En fin, no nos molestan. Pedirles normalizar su estatus legal es cooperar con ellos, darles la oportunidad a que se integren a la sociedad y a la vida productiva. Los menos que puede hacer gobierno es contribuir a que esto se haga efectivo.
Pero parece que resulta más fácil culpar a colegas locales de su ineptitud y el sentido de oportunismo político con que manejan este asunto, para presentarse como salvadores de una horda inconforme y violenta. Jugada que repetidas veces ha servido para apuntalar reputaciones de líderes y gobernantes dominicanos.
