Auditores cancelados de la Cámara de Cuentas, negaron este domingo que la presidenta del organismo haya iniciado el pago de sus prestaciones laborales como aseguró, ya que el monto por ese concepto asciende a más de 20 millones de pesos, y ella habló de un millón para esos fines.
Pablo Moreno, al desmentir la información, explicó que los más de 50 empleados cancelados llevaban entre 18 y 20 años sirviendo al organismo fiscalizador, y a ninguno se le ha llamado para pagarle sus prestaciones.
Moreno visitó la redacción de El Nacional, acompañado de Néstor Julio Mena, Samuel Ozuna, Juan Ventura, Luis Rijo y Domingo Reynoso, quienes coincidieron en que se busca desmantelar la Cámara de Cuentas para evitar la fiscalización de altas instituciones del Estado.
Aclaró que, aparentemente, la doctora Liselotte Marte de Barrios se refirió al pago de vacaciones pendientes y proporciones de regalía pascual, ya que un solo expediente de los auditores cancelados casi llega al millón de pesos por concepto de indemnización.
Los auditores entienden que la funcionaria juega con el tiempo a la espera de que lleguen otras autoridades y dejar esa responsabilidad a los nuevos miembros del organismo fiscalizador que serán elegidos a partir del 16 de agosto próximo.
Enfatizaron en que la doctora Marte de Barrio busca desmantelar la Cámara de Cuentas, pues auditores que fueron formados con dinero del Estado y con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo han sido cancelados sin ninguna justificación.
Agregaron que la funcionaria ha violado de manera flagrante la ley 4108, y ha pasado por encima al Ministerio de Administración Pública, pues no ha tomado en cuenta las documentaciones que avalan los cálculos de los beneficios laborales como servidor público, elaborado por el licenciado Ramón Ventura Camejo, titular de esa entidad.
Insistieron en que la presidenta de la Cámara de Cuentas busca confundir a la opinión pública, ya que el pago a que se refiere es a las vacaciones pendientes de algunos de los cancelados, que ascienden a poco más de un millón de pesos, pero dice que la suma corresponde a prestaciones laborales.
Resaltaron que de 345 auditores que encontró al asumir esas funciones solo quedan 109, para fiscalizar más de 2,500 instituciones estatales en todo el país.
Agregaron que, por esa causa, la Cámara de Cuentas ha tenido que apelar a los servicios de firmas privadas para practicar auditorías, olvidando que los cancelados fueron preparados para realizar ese trabajo.
Afirmaron que el resto de los auditores que queda en la Cámara de Cuentas vive bajo un régimen de terror, pues temen ser separados de sus funciones en cualquier momento sin haber dado ningún motivo.
Los auditores enviaron su denuncia al Presidente Fernández, al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, entre otros.
