Familiares de un hombre en prisión preventiva acusado de participar en la muerte de un comerciante durante un asalto en el sector Capotillo en octubre pasado denunciaron una serie de irregularidades en el proceso que van desde una extorsión hasta la desaparición del expediente y las pruebas.

Heidy Marte y Martín Abad, hermana y cuñado de Rafael Emilio Croussett (Poliete), de 30 años, negaron que éste estuviera implicado ya que en el momento del incidente estaba trabajando.

Croussett está preso en la cárcel de Najayo, así como Juan Pablo Dalmasí Féliz, de 22, acusados de la muerte de Máximo Flores Curiel, de 49 años, dijeron.

Señalaron que incluso el fiscal Warner Robles se niega a solicitar los vídeos de las cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (911) que probarían que Croussett estaba trabajando al momento del hecho. Dijeron que el fiscal aduce que ya el 911 borró esas grabaciones porque pasaron 15 días del hecho.

Además denunciaron que los agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) se llevaron como pruebas las cámaras del lugar del atraco, y que ahora no aparecen.

En visita a la redacción de El Nacional acusaron a un oficial de la Policía de haberles pedido dinero para sacar del caso a Croussett antes de que éste se entregara, lo que denunciaron en Asuntos Internos de esa institución.

Sostuvieron que los supuestos testigos del asalto que las autoridades dicen que implican a Croussett han desvinculado a su familiar del hecho.