Los acuerdos de Madrid firmados entre el Gobierno dominicano y las principales empresas generadoras del país, el 9 de octubre de 2001 tenían como uno de sus propósitos “eliminar el subsidio a la electricidad, sin aumentar la tarifa”, pero 15 años después, al vencimiento de los mismos, ninguno de los dos propósitos se ha logrado.
De hecho, los acuerdos de Madrid echaron a un lado la aplicación de la Ley General de Electricidad que se dio tras el proceso de capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad y su división en cinco empresas.
Las negociaciones que dieron como resultado la firma de los Acuerdos de Madrid, se dio luego de que el presidente de entonces, Hipólito Mejía dio plenos poderes al Superintendente de Electricidad, José Ovalles y al administrador general de la CDE, César Sánchez, para que negociaran con los representantes del sector privado, que en ese momento no sólo manejaban la generación sino además la distribución de electricidad.
Por el sector privado participaron en esas discusiones y firma de los acuerdos Luis Ramiro Díaz, quien era gerente general y vicepresidente de las distribuidoras del Norte y del Sur; el gerente general de la Empresa Generadora Itabo Kevin Manning; el presidente de la empresa Generadora Haina, Rolando González Bunster y el vicepresidente de AES Dominicana, Aníbal Mejía.
Tras la firma Ovalles y Sánchez explicaron que fueron resultado de largas conversaciones, no sólo realizadas en España, sino además en Estados Unidos.
Se dijo entonces que entre los beneficios para el Gobierno se esperaba que dejaría de pagar un subsidio de 258 millones de pesos mensualmente, sin que aumentara la tarifa a la población.
Con los años, el subsidio al sector eléctrico llegó a los mil 500 millones de dólares al año.
El vencimiento de los Acuerdos de Madrid este mes, encuentra al sector eléctrico sumido en la misma crisis, con la variante de que el Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), creada luego de que las empresas de distribución de electricidad volvieron a manos del Estado, plantea que está en mejores condiciones de renegociarlos y para ello ha convocado a licitaciones públicas.
