La Policía y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) han incurrido en deliberado ocultamiento de casos y estadísticas sobre muertos y heridos durante Semana Santa, en flagrante violación al derecho constitucional de la ciudadanía a la información veraz y oportuna.

Ese ilegal proceder parece extenderse a otras muchas áreas de la Administración Pública, lo que hace temer que se trate de una burda estrategia gubernamental destinada a escamotear o tergiversar la verdad.

El COE rompió su tradición de ofrecer por lo menos tres boletines sobre cifras de decesos o de lesionados durante los días de asueto de Semana Santa, y en su único informe, el número de muertos, 15, es significativamente menor al compilado por la prensa, 28.

La Policía ha llegado al colmo de ocultar o negar a los periodistas los informes diarios de homicidios, robos atracos y otros sucesos, que solo son ofrecidos cuando a la jefatura de esa institución le venga en gana.

Además de restringir el derecho ciudadano a recibir información veraz, oportuna y de calidad, el Gobierno niega el libre acceso a las fuentes oficiales, consagradas en la Constitución y en la ley.

El Gobierno debería saber que no es posible ocultar el Sol con el índice, ni mucho menos pretender administrar u ocultar información relevante en torno a muertos y heridos causados por accidentes o por la espiral de delincuencia y criminalidad.

Lo que se reclama es que las autoridades permitan que los periodistas cumplan con su deber y obligación de recopilar en las fuentes oficiales todo tipo de información que sea de interés ciudadano, porque así lo dispone la Carta Magna.

Ojalá que esa malsana práctica de ocultar datos y estadísticas sobre muertos y heridos, no sea más que otra prueba de laboratorio antidemocrática, que levanta la repulsa ciudadana y que no debe repetirse nunca más.