Lenta y progresivamente, los haitianos ilegales están ocupando diversos puntos de la geografía nacional, disminuyendo cada día la posesión del territorio dominicano, lo que constituye un atentado abierto, grosero y humillante a la soberanía nacional. Recientemente, se reportó la queja de los empresarios hoteleros de Juan Dolio, donde los inmigrantes del vecino país se han adueñado del lugar.
Reportajes de este periódico, publicados hace poco, reseñaron que ilegales haitianos estaban ocupando territorio del país en las zonas fronterizas de Elías Piña, Jimaní y Dajabón. Las crónicas daban cuenta de que muchos dominicanos abandonaban esos lugares, situación aprovechada por los indocumentados para asentarse en los mismos.
Al parecer, los controles migratorios en la frontera son débiles, pues en el mes de febrero el jefe del Ejercito Dominicano, declaró que aproximadamente 27 mil ilegales fueron devueltos a su país, pero muchos de ellos lograron penetrar cuando los operativos se concentraban en localizar la mayor masa de personas que intentaban cruzar la línea divisoria entre ambos países.
Hace varios meses, un medio de comunicación, informó que un grupo de haitianos izó la bandera de su país en la comunidad de Juan Dolio. Lo mismo ocurrió en la comunidad de la Puyita, de la provincia de Elías Piña. Estas acciones censurables las realizan los ilegales como si fueran una especie de territorios conquistados.
Las críticas llueven de organismos internacionales, cuando las autoridades dominicanas repatrian algunos haitianos ilegales, pero no dicen nada cuando Bahamas declara intolerancia cero a la inmigración ilegal, encerrando a los nacionales del otro lado de la frontera en un centro sin tener acceso a la salud, hacinados y en condicionales inhumanas, según ha comprobado la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Cada país tiene que tener su propio control migratorio para preservar su soberanía e impedir la sepultura de su identidad como nación. De acuerdo con estadísticas tímidas, la mano de obra haitiana creció desde el año 2000 en un 445%, ocupando los empleos en los sectores formales e informales, originando que los criollos sean desplazados de sus puestos de trabajo, y por vía de consecuencia, aumentando el índice de desempleo. Es oportuno señalar que el artículo 135 del código de trabajo estipula que el 80% de las plazas laborales deben estar en manos de dominicanos, y el 20% es reservada para los extranjeros.
