En estos días, además de los abusos y violaciones sexuales de maestros a alumnas, también salen a la luz pública en Santiago, acusaciones a dos médicos que, supuestamente uno de ellos, violó a tres pacientes en plena consulta, lo que no es nuevo, en esta ciudad y desde hace años, médicos son señalados por el famoso “rumor público”. También en el sistema de salud hay mucha impunidad.

¿Cómo los médicos se salen con la suya aprovechándose de pacientes por años? Mitos acumulados que favorece a los violadores y dificultades culturales de las víctimas para enfrentarlos. Pero con estas tres querellas puede cambiar algo, una menor, 16 años, y otras dos mujeres jóvenes, 22 y 23 años que se enfrentaron finalmente, a un violador reconocido desde hace casi 20 años, en esta ciudad y amparado en un sistema que parece no considerar el abuso sexual como una prioridad.
Para este ginecólogo reedescubierto, esperamos que la justicia no se apoque: tiene un verdadero rosario de crímenes sexuales sin purgar, rodeado de personas poderosas e inexplicablemente, defendido por una oficina de abogados de renombre.

En nuestro país tenemos un conjunto de normas y leyes que amparan los derechos de las personas que acuden a servicios médicos, empezando por la Constitución que obliga en su artículo 38 al Estado, por el respeto a la dignidad de las personas, a organizarse para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes a las personas, como la dignidad que es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.

Y completa en el artículo 42, sobre la integridad física, psíquica y moral de las personas, aclarando que ninguna puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica.

Las leyes adjetivas dominicanas para estos casos, Ley General de Salud, No. 42-01, en su artículo 28; y sobre todo, el Código Penal dominicano, artículos 330, 331 y 332, consideran los actos sucedidos como crímenes que se sancionan con una máxima de 15 años de cárcel, a que debiera sentenciarse a este ginecólogo solo por estas tres violaciones denunciadas, y ojalá se animen aquellas víctimas de tantos años en acompañarlas.

Pero además, sería de esperar que el médico violador, pierda definitivamente su exequatur y no pueda ejercer más una profesión que, para él, ha sido la carta blanca para abusar de cientos de mujeres en esta ciudad.