Seré la excepción que confirma la regla, pero yo no quiero pacto fiscal; es decir, no quiero cuchillo para mi propia garganta. El pacto Fiscal del que tan elocuentemente hablan los funcionarios del Gobierno y sus bocinas de prensa, no me benefició antes, ni me beneficiará ahora. Entonces, ¿por qué debo quererlo si lejos de ayudarme a resolver mis problemas, me los agravará?
El vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, en una participación teatral en un programa de televisión, dijo que si los ciudadanos queremos más seguridad debemos pagar más impuestos porque la presión tributaria es muy baja y se necesitan más recursos, al tiempo de explicar cómo está distribuido el presupuesto nacional.
No habló -¡claro que no!- de racionalizar el gasto, de hacerlo transparente eliminando las botellas (gente que cobra sin trabajar) en un Estado hipertrofiado, convertido en un instrumento patriarcal y clientelar que sirve para enriquecer a dirigentes del partido oficial, insaciables y voraces, que no pueden justificar el origen de sus respectivas fortunas.
Según la lógica de Marchena, los ciudadanos debemos pagar nuestra seguridad con más tributos al Estado para una policía mejor pagada, equipada y entrenada. Ocurre que el Estado dominicano funciona bien con 200 mil empleados públicos, la mayoría no da un golpe ni de barriga. Solo hay que eliminarlos de la nómina.
Pero además, ¿para que pagar más impuestos? ¿Para qué se los roben en vez de retribuírmelo en calles asfaltadas, salud, educación, viviendas, agua potable y electricidad, entre otras obras de interés público?
¿Pagar más para enriquecer dirigentes del Comité Político, el Comité Central y aliados? ¿Más impuestos para la compra de vehículos de lujo, yates, torres monumentales, villas y helicópteros de funcionarios? ¿Pagar más para las cirugías estéticas de las amantes y de las chapeadoras? ¿Pagar más para mantener las escoltas policiales y militares de ministros, viceministros, sus esposas, hijos, padres, hermanos, cuñados, primos, amigos y amantes?
¿Más impuestos para enriquecer a los ricos con exenciones millonarias? ¿Más impuestos para cubrir las evasiones fiscales y los contrabandos?
¿Acaso la corrupción no le cuesta al país entre el 4 y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto todos los años, según establecen organismos internacionales, el equivalente a 140 o 150 mil millones de pesos? ¿Por qué Marchena y las demás bocinas del PLD y el Gobierno no proponen desmontar esa excepcional suma de dinero para invertirlo en obras de bien social? ¿Por qué no hablan de meter a la cárcel y despojar de los bienes robados a los funcionarios corruptos?
