La Cámara de Diputados decidió convertir en ley el proyecto sobre declaración jurada de patrimonio y enriquecimiento lícito, otra de las tantas iniciativas para combatir la corrupción en la administración pública. La iniciativa, que incrementa las penas y amplía los controles, es un importante refuerzo contra una práctica que ha adquirido rasgos de impunidad, pero que corre el riesgo de convertirse en fuego de artificio si no es aplicada. Son muchas las leyes que persiguen la corrupción que por intereses políticos o de otra índole han terminado como simple papel mojado.
La ley amplía el rango de los funcionarios obligados a presentar su declaración jurada, unifica los criterios y el formato para hacer más estrictos los controles y las auditorías patrimoniales, además de establecer penas más severas contra los violadores. Pero si los propios congresistas y demás entidades no juegan el papel que les corresponde será muy difícil ganar la batalla a la corrupción y construir una cultura de la transparencia en el sector público.
