Opinión

Paro de camioneros

Paro de camioneros

La Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) ha iniciado hoy un paro por 24 horas en demanda de que el Gobierno suprima los subsidios de combustibles al sector empresarial y que disponga de un aumento general de salarios.

Sin menoscabo a los motivos que enarbola ese gremio para paralizar el transporte de carga, hay razones para suponer que se trata de una respuesta a la iniciativa del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) de denunciar ante los tribunales la existencia de un monopolio en el transporte.

Llama la atención también que Fenatrado adelanta su intención de incrementar los precios de los servicios que ofrecen sus afiliados entre un 15 y un 30%, razón por la cual reclama un incremento salarial para poder justificar esa alza.

Ese paro de camioneros resulta inoportuno y altamente perjudicial para la economía, las empresas y los consumidores, debido al retraso que ocasiona en el acarreo de mercancía desde y hacia los puertos y centros de acopio, lo que podría reflejarse en un incremento de precios.

Fenatrado debería saber que la suspensión por 24 horas en el acarreo de mercancías, más que como un reclamo de aumento salarial o de suspensión de subsidios de combustibles a las empresas, se interpreta como un acto de presión sobre los jueces que conocen el recurso de amparo contra formas de monopolio.

Lo mejor sería que la directiva de ese gremio y el Conep inicien un tipo de diálogo útil y provechoso para las partes, pero esencialmente para la economía y la población, mediante la instauración de un sistema de transporte de carga competitivo.

La Constitución de la República prohíbe toda forma de monopolio y oligopolio, sin importar si es promovido por gremios o por empresas, con la sola excepción del Estado, por lo que los tribunales están en obligación de preservar ese precepto sustantivo.

Un paro en el transporte de carga en pleno periodo navideño resulta inoportuno e inaceptable, porque envía la señal equivocada de que la sinrazón debe sustituir al buen juicio y a la preservación de todos los derechos constitucionales y adjetivos.

El Nacional

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