Los abogados de la defensa de Reina Margarita Núñez, acusada de estafar al Ministerio de Educación con 47 millones de pesos, piden se presente como testigo al titular de esa cartera, Carlos Amarante Baret, en la audiencia de medida de coerción que se le conocerá mañana.
Se informó que los abogados de la imputada consideran que Amarante Baret debe explicar al juez de la Instrucción de Atención Permanente en qué base sustentó la denuncia del alegado fraude, debido a que figura firmando el contrato de compra de 15 mil metros equivalentes a 25 tareas en un solar que se supone fue investigado previamente por los abogados de la institución.
Los abogados de la señora Núñez tendrían documentos para probar que ella no es la propietaria ni la vendedora del inmueble en cuestión, sino el señor Ramón Benito Ramírez Cabrera.
El ministro de Educación deberá explicar al tribunal por qué no han imputado a los funcionarios del área de jurídica si éstos investigaron la legalidad de los documentos para sustentar su opinión para que el Estado adquiriera esos terrenos.
Está en un limbo la situación de Ramón Benito Ramírez Cabrera, quien supuestamente se encuentra bajo arresto, pero el procurador Antilavado German Miranda Villalona nunca lo ha presentado, aunque le informó a los medios que se encontraba preso.
En este proceso hay un manto de misterio porque el Ministerio de Educación ni el Público han informado si tienen algún empleado o funcionario bajo investigación, mientras solo acusan a Reina Margarita Núñez de un supuesto fraude multimillonario contra el Estado.
Los juristas sustentarían su petición en los artículos 227.1 y 230 del Código Procesal Penal que permiten a las partes presentar pruebas ante el juez para establecer si hay causa probable para aplicar o denegar la aplicación de una medida de coerción contra un imputado.
