Dany Alcántara, Julio Martínez Pozo y Adriano de la Cruz, durante la rueda de prensa.
SANTO DOMINGO.- Los periodistas Dany Alcántara y Julio Martínez Pozo denunciaron hoy que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, ha desatado una persecución contra ellos y sus familias, al ordenar investigar su relación y vínculos con Angel Rondón, principal implicado en el caso de sobornos de Odebrecht.
En la rueda de prensa realizada esta mañana en el Colegio Dominicanos de Periodistas (CDP), ambos comunicadores fueron respaldados por decenas de periodistas y directivos de los gremios del área.
Señalaron que la prueba más palpable de esa persecusión contra ellos es la orden dada por la Procuraduría al magistrado Francisco Ortega Polanco, juez especial en el caso Odebrecht “para realizar una investigación contra nosotros y nuestros familiares, incluyendo esposas e hijos, alegando “…su vinculación con el imputado Rondón” y so pretexto de que “pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado para la entrega de dinero producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas”.
Alcántara y Martínez Pozo afirmaron que Rodríguez “olvidando su rol de procurador general de la República, está actuando como mandante de consorciados de la compañía brasileña Norberto Odebrecht”.
“Es decir, de las empresas nacionales que sirvieron de contraparte local para la ejecución de los 17 proyectos que construyeron desde el 2001 al 2014 y ha desatado una persecución, amenazas e intimidación en contra de los exponentes” explicaron.
Afirmaron que “esas acciones contra nosotros como periodistas, se deben a que hemos dedicado cientos de horas a tratar el caso de corrupción más emblemático que conoce la historia nacional y, hemos coincidido en denunciar la torpeza procesal con que se ha dirigido la investigación desde la Procuraduría General de la República”.
Esto, debido a que “en algún momento dando la impresión de que por razones muy sospechosas no se ha querido investigar el soborno que pudieron haber hecho empresas locales, a partir de los cuantiosos beneficios que habrían recibido con sobrevaluación de parte o de todas las obras ejecutadas durante los 13 años bajo investigación”.
De acuerdo con la denuncia de Alcántara y Martínez Pozo, “si la constructora brasileña admite que sobornó en República Dominicana y sobre ello hizo un acuerdo con el Estado dominicano para resarcirlo con el pago de U$184 millones de dólares, cuál es el nivel de responsabilidad de los socios locales, si aspiramos a que la sociedad crea en el proceso que se está siguiendo?”
Preguntaron: “Por qué el Procurador no ha mirado hacia allá y quiere desviar la atención hacia quienes exigimos justicia, vendándose los ojos frente a quienes posiblemente hayan cometido el abuso más grande contra el Presupuesto Nacional”.
Alcántara y Martínez Pozo insistieron en que se trata de un intento de restringir la libertad de opinión e investigación periodística que consagra la Constitución de la República en su artículo 49.
