SANTO DOMINGO.- Permanecían esta mañana en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por la falta de la resolución que los envía a las cárceles de La Victoria y Najayo, los ocho imputados, de los 14, acusados de recibir sobornos de la multinacional Odebrecht y que ayer el juez especial de la Instrucción les impuso prisión preventiva.
A la Secretaría General de la Fiscalía del Distrito Nacional, que tiene a su cargo el control de la cárcel del Palacio de Justicia, no había llegado el dispositivo de la decisión judicial que dispone los centros penitenciarios donde los encartados cumplirían su prisión.
La Constitución estable que no se puede llevar un recuso a un recinto carcelario a cumplir prisión sin una resolución judicial.
Esta mañana no se había desplegado el amplio contingente policial que suele emplearse para el traslado de estos imputados.
El rededor de las ocho de la mañana se presentó uno de los colaboradores del ministro de Industria y Comercio, Remístocles Montás, con dos fundas de panes, con queso y jugos a la cárcel del Palacio de Justicia.
El secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jesús Vásquez Martínez también visitó al presidente de la organización, Andrés Bautista García, uno de los encartados.
El juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, dictó ayer un año de prisión en La Victoria contra el empresario Ángel Rondón; nueve meses en Najayo contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el abogado Conrrado Pitaluga; seis meses para el ministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista y el exdiputado Ruddy González.
El magistrado también dictó tres meses de prisión preventiva contra César Sánchez y Máximo De Óleo, sindicado como los menos responsables del ilícito de soborno.
Todos los imputados, a excepción de Rondón, cumplirán la prisión en la cárcel de Najayo. A Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, el juez les impuso prisión domiciliaria por nueve meses.
Mientras que a los legisladores Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria se le impuso presentación periódica, fianza de RD$5 millones e impedimento de salida.
Todos están acusados por la Procuraduría General de la República de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, conforme a los artículos 2 y 3 de la Ley 448-06 sobre soborno; 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal; 2 y 7 de la 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos; y 3, 7 y 18 de la Ley 72-02 sobre lavado de activos.
Tras declarar buena y válida en cuanto al fondo y a la forma la solicitud de medida de coerción por parte del Ministerio Público, el juez dispuso el desglose del expediente con relación a Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país, y cuya extradición ha sido solicitada por el Ministerio Público.
El magistrado Ortega Polanco declaró complejo el caso, tal como había solicitado la Procuraduría. El juez también dio un plazo de ocho meses para que el Ministerio Público complete la investigación que mantiene abierta sobre el pago de sobornos de parte de la constructora Odebrecht a funcionarios para obtener obras del Estado.
