Bajo la errada idea de que en nuestro país “existen demasiados partidos” y que por alguna razón eso es “malo”, la legislación de partidos políticos en nuestro país juega con la personalidad jurídica de estos desconociendo los efectos devastadores y antidemocráticos que esta normativa implica.

Ninguna de las propuestas a la creación de una Ley de Partidos Políticos busca eliminar esta injusticia sino todo lo contrario, hacerla peor sin ponderar una solución realista a lo que entienden como problema y de paso aplastando intereses democráticos legítimos a quienes no se les permite crecer.

Ahora que se habla seriamente de que el que fuera hace un año el partido más grande de la oposición está negociando un acuerdo electoral con el partido oficialista, sería prudente repensar nuestra histórica posición.

La personalidad jurídica es un elemento esencial para la capacidad de organización de los partidos políticos. Es esta la que les permite abrir cuentas, alquilar locales, realizar contratos, recibir donaciones, en fin, ejecutar todas las actividades ordinarias que una organización de ese tipo podría requerir para crecer y poder transmitir su mensaje.

Lamentablemente, la legislación electoral trata este elemento crucial del derecho al ejercicio político como bombillos de un arbolito, que va y viene conforme al capricho de la norma, arrojando cualquier iniciativa política nueva hacia el lodo de la informalidad inviabilizando su propagación en los plazos establecidos dentro de los ciclos electorales.

La excusa constante es que hay “demasiados partidos pequeños” que fungen como rémoras de los grandes. No hay nada inherentemente malo en la abundancia de partidos, que estos sean empleados como vehículos de proyectillos para agraciarse con pequeñas sumas del erario público no lo hace un problema que deba ser resuelto por las instituciones electorales sino un problema que debe ser enfrentado por las instituciones del Estado central.

La actual normativa, y las muchas tantas propuestas, obligan a muchos proyectos políticos a acudir a donde menos deberíamos desear que acudan, a la asistencia informal y sin transparencia, para abocarse a un proceso espurio de recaudación de firmas, sin fondos propios y sin vías legalmente adecuadas para recibirlo.

Ahora que vemos un escenario real donde el principal partido de oposición busca aliarse al partido oficialista, para asegurar sus puestos frente a un partido que aún mantiene una estructura cuanto menos vulnerable, debemos hablar de crear e incentivar la formación de nuevos y modernos proyectos políticos que nos permitan abandonar las mismas agotadas ideas, repetidas hasta el cansancio y sin resultados de los líderes de antaño. Un primer paso para ello es reconocer la necesidad de proteger la personalidad jurídica de nuestros partidos, para que estos puedan crecer de forma sana y transparente.

Tanto nos lamentamos en el pasado de la “gran cantidad de partidos sin sentido”, que entiendo que ya debemos de empezar a ver con espanto la muy real posibilidad de que finalmente nos quedemos sin ninguno.