Sobre un paquete de miles de documentos obtenidos por diferentes vías, la Procuraduría General de la República centró en esta semana las investigaciones sobre el caso Odebrecht en el cruce de informaciones, confrontaciones de interrogatorios y comprobación de datos recolectados en el transcurso de las pesquisas.
Una fuente reveló a El Nacional que la investigación no solo se concentra en los interrogatorios a legisladores y funcionarios, sino también en la recolección de datos e informaciones por diferentes vías y en el cruce de ellas para determinar los pasos a seguir.
“Del resultado de los cruces de informaciones, documentos e interrogatorios es que se determinan los pasos a seguir, y quienes serán citados o no para fines de interrogatorios”, declaró la fuente.
“Se trata de una investigación que no se detiene y que se lleva a cabo sin prisa, pero sin pausa, en el entendido de que hay que atar todos los cabos para que las cosas salgan bien”, aseguró la fuente.
Los trabajos comprenden, además, la meta que se trazará la Procuraduría General de la República, con miras a establecer los nombres de los sobornados por Odebrecht, a partir del acuerdo de colaboración que se hizo con esa empresa y que está pendiente de que sea homologado por un juez.
El acuerdo no solo permitirá al Ministerio Público obtener un resarcimiento de US$184 millones para el Estado dominicano, sino también la verificación de los funcionarios que recibieron los US$92 millones por los sobornos y la forma del entramado a través del cual el consorcio brasileño logró 17 contratos para la ejecución de obras que le generaron ganancias por unos US$163 millones.
La fuente declaró que las información obtenida mediante dicho pacto, junto a las que serán suministrada por las autoridades brasileñas y la recabada durante la investigación en el país, permitirán establecer quiénes fueron los sobornados, conocer en detalle la forma en que se hizo y cuándo se hizo, a fin de poder apresar, someter a la justicia y lograr que sean condenados los funcionarios públicos, exservidores del Estado, intermediarios, representantes o empresarios que hayan violado las leyes.
