SANTO DOMINGO.- Intelectuales, empresarios, políticos y otras personalidades pidieron ayer al Gobierno no extender el plazo de permanencia a los 250 mil extranjeros, en su mayoría haitianos, que recibieron residencia temporal a través del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, en el período 2014-2015.
Dijeron que procede rechazar de manera firme y terminante toda presión de ciudadanos extranjeros, por las implicaciones que tendría a futuro facilitar la imposición de una minoría nacional.
Los profesionales siguen diciendo que la única opción de renovar el estatuto de esos extranjeros a través del Plan Nacional de Regularización es si las autoridades aplican un programa de repatriaciones ordenadas, respetar los derechos humanos, frente a quienes no se sometieron al requerimiento de las autoridades.
Comunicaron que hicieron el pedido porque el plazo otorgado a 250 mil extranjeros vence el 17 de julio del presente año.
Entre los firmantes del documento están Pelegrín Castillo, Manuel Bergés, Mario Bonetti, Manuel Núñez Asencio, Virgilio Malagón Álvarez, José Antonio Logroño, Roberto Marcallé Abreu, Yolanda Jiménez Richetti y Heriberto Hernández.
Además, Gregory Castellanos, Sara Musa, José Ramón Logroño, Camilo Yaryura, Maricarmen Defilló Ramírez, Abigail Maríñez, Rosario Roquez, Raquel Valerio Fernández y Emmanuel Correa.
Otros son Luis Ventura Sánchez, Radhamés Espaillat García, Priyanka Rodríguez, Yoryi Sánchez, Carlos Emilio Lulo, Robert Cabral, Katterine Rodríguez, Gustavo Casasnova, Bernardo Pérez, entre otros.
Los expertos dijeron que de tomar decisiones contrarias al ordenamiento legal vigente y los intereses nacionales, los funcionarios que los hagan son susceptibles de comprometer severamente la responsabilidad política e histórica, como la penal y administrativa.
Concluyeron que las autoridades dominicanas deben tomar acciones puntuales y responsables para reducir el elevado número de visas que se otorgan sin criterio en los consulados dominicanos en Haití.
Además de aplicar en forma sostenida las normas de nacionalización del trabajo, establecer controles efectivos en la frontera, restringir el tráfico transfronterizo de personas, compromiso humanitario hacia los frágiles servicios de salud y educación.
Dijeron que procede castigar ejemplarmente a todos aquellos dominicanos y extranjeros dedicados al intenso tráfico de ilícitos de toda índole y a la falsificación de documentos de identidad o migración.
Asimismo advirtieron que cualquier decisión que se adopte para complacer o apaciguar las presiones de poderes extranjeros constituiría una grosera violación al principio de soberanía y no de intervención consagrado en el artículo tres de la Constitución.
Reclamaron a los ministerios y al presidente Danilo Medina adoptar una posición firme e inequívoca a las pretensiones de fuerzas foráneas y sus aliados locales de desconocer la histórica sentencia del Tribunal Constitucional, número 168-13.
“Ya que es hora, advierten, de abandonar la lamentable actitud defensiva frente a los injustos ataques y manipulaciones de esta organización del sistema interamericano que sirve a oscuros intereses que procuran una absurda solución a los complejos problemas del Estado fallido de Haití”.
Dijeron que en la medida que se actúe con gran sentido patriótico y de unidad los dominicanos podrán estar en condiciones de convivencia racional de las dos naciones de la isla basada en el respeto recíproco, la verdad y la justicia prevaleciendo un clima de paz y estabilidad en la región del Caribe.
