Francisco Ortega Polanco
SANTO DOMINGO.- El país se mantiene expectante de la decisión que tomará esta tarde el juez de la instrucción especial Francisco Ortega Polanco en torno a la medida de coerción solicitada por la Procuraduría General de la República contra 13 de los 14 imputados en el caso de los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht confesó haber pagado a funcionarios y legisladores a cambio de asignaciones de obras del Gobierno.
Esta tarde, a las 4:00, el magistrado Ortega Polanco decidirá el futuro de 13 de los 14 imputados y si mantiene o no en prisión a los 10 que se encuentran privados de libertad.
El magistrado decidió reservarse para la citada hora la emisión de su fallo, luego de una maratónica audiencia que inició ayer a las 10:15 de la mañana y concluyó en la madrugada de este miércoles.
Lo que podría pasar
Ortega Polanco tiene varias opciones ante la solicitud de un año y seis meses de prisión que como medida de coerción contra los imputados hizo el Ministerio Público Público.
Como primera opción podría acoger en su totalidad la petición y enviarlos a prisión por 18 meses y declarar complejo el caso.
Como segunda opción, el Código Procesa Penal lo facultad para que imponga medidas de coerción variadas, que podrían ser prisión domiciliaria para algunos, presentación periódica, fianzas u ordenar la libertad pura y simple de todos o de quien él entienda que es merecedor de esa prerrogativa.
La prisión
La Procuraduría General de la República sustenta su petición de medida de coerción, consistente en un año y seis meses de prisión, en que alegadamente de ser puestos en libertad podrían contaminar el proceso o darse a la fuga, en el caso de algunos.
El pedimento de imponer la prisión preventiva al grupo fue sustentado por el fiscal Milcíades Guzmán, quien argumentó que sería peligroso dejarlos en libertad, en vista de que no solo representan peligro de fuga, sino también porque podrían distraer, sustraer y contaminar las pruebas.
Guzmán definió la estructura como “un entramado mafioso de lavado de activos, crimen organizado y asociación de malhechores”.
Al advertir sobre el peligro de fuga, en caso de que los imputados sean dejados en libertad, Guzmán declaró al tribunal que se trata de un delito económico y le advirtió que los acusados tienen muchos bienes y riquezas, lo que dijo no debe ser asumido como “arraigo”, sino todo lo contrario.
También pidió al tribunal declarar el caso complejo por la multiplicidad del delito y la cantidad de imputados.
En su petición de medida de coerción al juez Ortega Polanco, la Procuraduría General de la República acusó al lobista Angel Rondón de haber movilizado 844 millones de pesos y alrededor de 80 millones de dólares a través de Odebrecht.
Lo acusa, además, de haber hecho contratos ficticios con Odebrecht para mover el dinero de los sobornos que habría pagado en el país a funcionarios y legisladores a cambio de la concesión de contratos para obras del Estado y diligenciar la agilidad en el financiamiento de algunos de estos.
Lo acusó también de ser el denominado “hombre del maletín”, que comenzó su labor de sobornante en el 2002 cuando le ofreció a la Constructora gestionar la obtención del Acueducto de la Línea Noroeste.
Los imputados
Los demás imputados fueron señalados por la Procuraduría General como las personas que recibieron los sobornos de Rondón Rijo.
Por el caso están detenidos Temístocles Montas, miembro del Comité Político del PLD; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, los exdirectores de la CDEEE, Radhamés Segura (PLD) y Cesar Sánchez (en el gobierno del PRD); el expresidente del Senado Andrés Bautista, el exdirector de Inapa Roberto Rodríguez; el exdiputado Ruddy Gonzalez, el representante comercial de Odebrecht, Ángel Rondón, el abogado Conrado Pittaluga y el exadministrador de la EGEHID, Máximo De Oleo.
En total, son 14 los sometidos, pero uno aún no ha sido apresado y tres se encuentran en libertad de manera legal, en vista de que son legisladores y como tal, disfrutan de jurisdicción privilegiada.
Por apresar falta el ingeniero Bernardo Castellanos, quien se encuentra en Panamá, mientras que los legisladores imputados son los senadores Tomy Galán y Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco.
El grupo se encuentra preso desde la mañana del lunes 29 de mayo, luego de una orden de arresto dictada contra ellos.
