En esta mentirilla de democracia que nos rige nunca hemos tenido separación de poderes. Cuando el senado de la república designaba jueces, Joaquín Balaguer, a través de él, ejercía absoluto predominio en los tres estamentos del Estado. Tanto, que en 1978, para sacarlo del gobierno, hubo que asignarle senadores no ganados en las urnas, para garantizarle impunidad con un poder judicial que le respondía.

En las escasas ocasiones en que han diferido los dominios partidarios en los poderes ejecutivo y legislativo, lo que ha advenido es un ejercicio irreflexivo de las potestades constitucionales, nunca un espíritu de sana crítica o colaboración madura, cuando no ha terminado aquello en un burdo mercado de compra y venta de manos levantadas; de ausencias deliberadas para disminuir quórum requeridos; o abstenciones que ocultan intenciones y exponen mezquindades.

Otras veces, las rechiflas han tenido su origen en luchas de facciones de idénticas formaciones políticas, que se han traducido en necesarias obras de infraestructuras eclipsadas; en cámaras legislativas con el inigualable espectáculo de estar en ocasiones acéfalas y en otras bicéfalas. ¿Quién podrá igualarnos en semejante desfachatez?.

La realidad es que pasamos de lo sublime a lo ridículo, donde lo primero nunca ha dejado de ser un ejercicio retórico sin ninguna expresión práctica. Hemos carecido de voluntad política y vocación de estadistas para asumir el costo que implica que cada quien desempeñe su papel y que las instituciones funcionen de conformidad con sus atribuciones. Se ha preferido el facilismo de controlarlo todo y que nadie ejerza la criticidad, aunque esa hegemonía cueste miles de millones de pesos a un erario merecedor de destinos diferentes.

En la actualidad, la nación asiste a un momento decisivo para la conformación de órganos medulares para su funcionamiento vital. La historia en este plano ha sido réplica de lo antes dicho. Se constituyen para que lejos de desempeñar sus roles con decoro, sean garantes de intereses particulares; de competencias electorales parcializadas; de indiferencia ante irregularidades en la administración del patrimonio público, y de impunidades obvias.

Revertir esa tragedia institucional requiere colaboración honesta de todos los segmentos políticos y sociales con influencia. Imposible suponer que en decisiones de tal magnitud pueda prescindirse de la figura de mayor connotación política como el presidente de la república. En consecuencia, solicitar su involucramiento en ese propósito, es lo más lógico que puede hacerse. Tan racional, como irónico alegar que su participación vulneraría la carta magna.