A raíz del incremento en el precio de la carne de pollo, las autoridades se han movilizado para detener las alzas por intermedio del temido Proconsumidor. Se pasa por alto que no es tarea de esa entidad intervenir así sobre mercados cuyos precios no son fijados por el Estado, y que la forma elegida es ilegal y potencialmente dañina a corto y mediano plazo. Hoy son los pollos, mañana será el arroz, y así seguirán los vaivenes entre el Estado y la producción nacional fomentando una cultura destructiva para la formalización de la economía y la protección efectiva de los consumidores dominicanos.
La Ley 358-05 que crea a Proconsumidor, le faculta solicitar a INESPRE su intervención para facilitar aquellos productos de consumo masivo donde entienda que los precios están muy altos. No le faculta, en cambio, concertar con el conjunto de productores y minoristas un rango de precio que estime justo, porque, de acuerdo con nuestro Código Penal y la Ley 42-08 sobre Defensa de la Competencia, eso es ilegal.
Acordar precios es ilegal en la mayor parte del mundo, debido a que esto deja a los consumidores atrapados dentro de la voluntad medalaganaria de quienes fijan esos precios, y opera en contra de nuevos competidores que deseen incursionar en el mercado, reduce la productividad e innovación, limita el crecimiento en la oferta de empleos y fomenta la informalidad de la economía. Cuando no solamente esto es admisible en un país, sino que el mismo Estado llama a concertar este tipo de acuerdos, puede resultar catastrófico.
Es posible que el proceso de conformación del organismo creado por la ley 42-08 para perseguir este tipo de actuaciones, llamado Procompetencia, ha venido encontrando la resistencia de asociaciones de productores de bienes de consumo masivo como el pollo, el arroz, la leche y los huevos, quienes con alta frecuencia acuerdan fijar precios entre ellos. Pero cabe recordar que estos estarían desconociendo que desde 1934 nuestro Código Penal en sus artículos 419 y 420 ya castiga esta práctica, pudiendo ser sometidos por ante el Ministerio Público.
Es paradójico que el Estado fomenta esta práctica, justo cuando se viene hablando de reformas fiscales integrales para reducir la informalidad de la economía y ser más competitivos, lo que resulta contrario de lo que se obtiene de llamar a fijar precios o un rango dentro del cual deben mantenerse los mismos.
Aunque las asociaciones empresariales constituyen una parte robusta de la llamada sociedad civil, aquellas que aglomeran productores, distribuidores y minoristas de bienes específicos, implican un riesgo notorio de que ocurran prácticas anti-competitivas en detrimento de los consumidores y nuestra economía. Más que a usarles de intermediarias como medio (poco efectivo) de control de precios, es tiempo de que el Estado empiece a evaluarlas y regularlas para evitar que sirvan de foro para afectar a los ciudadanos y la libre competencia. Esta sería la mejor forma de control de precios, donde, al final de cuentas, todos ganamos.
