¿Gastos y deudas?
La presencia de un déficit fiscal dentro de las finanzas públicas de un Estado suele concitar preocupación y alerta roja en el ánimo de los hacedores de políticas económicas, sobre todo cuando se está en presencia de un entorno internacional cargado de incertidumbre y potenciales peligros de turbulencias financieras globales.

Existe déficit fiscal o carencia de dinero para solventar los compromisos financieros del Estado cuando los ingresos se encuentran por debajo de los egresos públicos dentro de un período de tiempo determinado; si se gasta menos que lo que gasta el gobierno se registra un superávit y si se gasta una cantidad igual a la que se recibe entonces se estaría en presencia de un presupuesto equilibrado.

Es importante señalar que cuando un país gasta más de lo que ingresa se dice que tiene un déficit fiscal, si gasta lo mismo que ingresa, un presupuesto equilibrado y si gasta menos que lo que entra en sus arcas, tiene un superávit.

La búsqueda estratégica del equilibrio presupuestal (que los gastos y los ingresos del Gobierno estén armonizados) siempre ha sido una aspiración de gobernantes y asesores económicos con miras a erradicar el déficit (que sobreviene cuanto se gasta más dinero del que ingresa) el cual tiende a incrementar el endeudamiento público y la fijación de nuevos impuestos.

Claro, lo ideal sería que una economía en su ejecución presupuestal acumule superávit, es decir, que los ingresos del gobierno se encuentren por encima de los gastos lo que le facilitaría acumular ahorro interno para ser destinado a las inversiones públicas y a los gastos sociales (salud, educación, transporte, vivienda y seguridad social, entre otros reglones), pero…

Una parte significativa de la deuda pública suele ser contratada para cubrir el hoyo financiero expresado en el déficit. Eso significa que en la medida que aumenta el déficit también suele producirse un incremento en los niveles de la deuda pública. Es decir, déficit y deuda son dos caras de una misma moneda: la ejecución presupuestal anual.

Y es que al no poder hacer frente a todas las facturas pendientes de pago para el mantenimiento de las estructuras gubernamentales y administrativas, las inversiones públicas y los impostergables gastos sociales el Estado se ve forzado a salir a los mercados financieros internacionales en busca de préstamos y suele hacerlo mediante la emisión de bonos soberanos.

La República Dominicana registra un endeudamiento público consolidado (que comprende tanto la contraída por el Banco Central como por el Gobierno central) que ronda el 47 por ciento del PIB. Es cierto que en la actualidad la situación crediticia es sostenible y manejable en función de los niveles de crecimiento de la economía nacional. Recientemente la empresa calificadora Fitch reconoció el buen desempeño fiscal del gobierno dominicano que preside Danilo Medina.

Pero téngase presente que la deuda pública suele expresar la cantidad de dinero que el Estado ha pedido prestado a los acreedores para poder financiar su déficit presupuestal, por lo que se hace necesario actuar con la debida prudencia y racionalidad a la hora de mover la palanca del gasto público. Naturalmente, un recorte brusco y persistente del gasto podría frenar el ritmo del crecimiento del país.