Un censo de la Oficina Nacional de Estadísticas revela que el 87.3% del total de extranjeros que viven en el país son haitianos. Según el organismo, el número asciende a 488,233, cifra muy imprecisa, dado que hay haitianos en toda la geografía del territorio nacional.
La Suprema Corte de Justicia, mediante jurisprudencia de acción de inconstitucionalidad, pretendía anular textos de la Carta Magna que establecen con claridad meridiana quiénes son dominicanos. Esa decisión tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
En el país hay un ruido para que se otorgue la nacionalidad a los haitianos indocumentados y transeúntes que no tienen permiso de residencia.
La Constitución, al regular la situación legal de todos los extranjeros, sin excepción y sin distinción, asume el condicionamiento del Jus solis. Entendemos que los haitianos ilegales deben regularizar su estatus, pero no debe nacionalizarse a quien no lo merece.
El artículo 11 de la Constitución de Haití reconoce de pleno derecho la nacionalidad de los hijos de los habitantes del vecino país, en cualquier país que nazcan. Actualmente, el Gobierno dominicano está dando facilidades a las autoridades del registro civil de Haití puedan documentar a los ilegales.
Es una obligación del Gobierno nacional tener un control migratorio de las personas que ingresan a nuestro territorio, procedentes de cualquier nación, y Haití no debe ser la excepción. Con frecuencia se reportan actos delictivos que involucran a personas procedentes de Europa y otras latitudes, quienes se refugian aquí, evadiendo la persecución desatada en sus países.
Urge legislar para reglamentar la presencia de extranjeros en este país. Es nuestro criterio que a los haitianos que se compruebe tienen más de 25 años de manera ilegal, se les debe conceder residencia y la oportunidad de optar por la nacionalidad dominicana.
