El próximo 21 de diciembre se cumple el primer año del escándalo de Odebrecht en República Dominicana. Ese día, un año atrás, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó los resultados de la investigación de la poderosa constructora brasileña a la cual acusaba de pagar sobornos a funcionarios públicos de 12 países con el objetivo de obtener contratos.
En ese momento, se informaba que Odebrecht había pagado 439 millones de dólares a políticos y funcionarios de Colombia, México, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, Angola, Guatemala, República Dominicana, Mozambique y Panamá.
Nuestro país ocupa el segundo lugar como el que mayor cantidad de sobornos recibió de Odebrecht con la suma de US$92 millones de dólares. ¿Qué ha ocurrido en 365 días luego de haberse conocido la información que divulgó el Departamento de Justicia de Estados Unidos? Para dar respuesta, veamos lo que ha ocurrido en el resto de los ocho países latinoamericanos.
En Brasil, país de origen de toda esta estructura mafiosa y corrupta, hay centenares de políticos de los principales partidos que están hoy detenidos y procesados.
En México, Colombia, Argentina y Guatemala, hay distintos procesos de investigación a los funcionarios gubernamentales involucrados en el escándalo de Odebrecht. Perú es la nación que más ha hecho en la persecución a la corrupción de Odebrecht, con expresidentes procesados y detenidos, incluyendo también a consorciados y empresarios socios del otrora gigante brasileño.
A diferencia de lo que ha pasado en los ocho países latinoamericanos, en República Dominicana, no ha habido ninguna investigación nacional en procura de establecer la verdad. Al contrario, el Procurador General de la República ha afirmado que toda la investigación viene desde Brasil, incluyendo el acuerdo de inmunidad. El propósito ha sido más político que jurídico, y por ello, se hizo una mezcla entre personas que fueron piezas claves de este engranaje con otros que no tienen nada que ver con este caso. La justicia se encargará de deslindar las responsabilidades.
El Procurador General ha hecho caso omiso ante las denuncias claras y precisas de sobrevaluación en Punta Catalina. También, queda pendiente la investigación sobre los aportes de Odebrecht en procesos electorales.
La ciudadanía reclama acción concreta contra el mayor escándalo de corrupción que ha tenido el país. Se observa un gobierno que intenta distraer la atención frente al mayor desafío que tiene la institucionalidad herida: derrotar la impunidad.
