La marcha realizada el pasado domingo 22, en protesta por la impunidad ante la corrupción pública, fue un éxito rotundo. Pero el éxito no se le atribuye necesariamente por la masiva y espontánea participación de personas, sino por la repercusión favorable que ha tenido la actividad en los más diversos segmentos de la sociedad dominicana, incluyendo importantes voces del partido oficial y hasta del propio gobierno.
Fue una marcha pacífica, a la que acudieron personas de todas las edades, familias completas de estratos sociales diferentes, abogando por un ejercicio decente en las funciones públicas y castigo judicial a los actos dolosos, los cuales se han acumulado por montones sin que haya sido procesado un solo funcionario de los cientos de responsables de desfalcar instituciones estatales, realizar obras sobrevaluadas o recibir comisiones monetarias.
Es difícil de establecer la cantidad de millones de pesos que se sustraen ilícitamente cada año del erario -aunque algunos ofrecen estadísticas que no dejan de ser estimados-, pero la verdad es que con esos recursos hace tiempo que se hubiera resuelto el problema de los apagones, el déficit habitacional, las deficiencias en educación y salud y otros males que atraviesa la sociedad dominicana.
Esa marcha pacífica ha contribuido a concienciar a una población dormida, que durante décadas percibió de normal el robo de recursos públicos y en muchos casos defendió a sus propios verdugos, conducta condicionada por centenares de bocinas que copan los medios de comunicación social, en un ejercicio irresponsable y carente de ética.
El éxito de la marcha descansa, en gran medida, en que no fue a favor ni en contra de causas políticas partidarias. Y el que se considera aludido por esa protesta delata responsabilidad en la corrupción pública y la falta de prudencia le hace sugerir una marcha gubernamental, lo que sería un grave error político, independientemente de que lleven más personas (por razones de logísticas estatales), porque delimitaría el escenario entre fuerzas que aprueban y desaprueban la corrupción y a fin de cuentas alguien sacaría beneficio político.
De todos modos, haya o no respuesta oficialista, lo aconsejable sería dar continuidad a la lucha en contra de la corrupción y la impunidad. Que no ocurra igual que con los precursores de los juicios populares a Leonel Fernández y otros de los activistas del Movimiento Toy Jarto, que fueron incluidos en la nómina pública y ahí mismo terminó la razón de lucha.
