El ideal constitucional atribuye a senadores y diputados ser representantes de la soberanía popular fruto del voto universal que los inviste como depositarios de ese mandato que reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes ejercidos mediante delegación.

La costumbre reiterada del Congreso Nacional en su historia más reciente, en cumplimiento de atribuciones conferidas por la Constitución para elegir miembros de Junta Central Electoral y Cámara de Cuentas ha sido la búsqueda de consenso y participación de sociedad civil.

Con esto se persigue, al margen de legalidad derivada del texto fundamental para escoger esos funcionarios, lograr la legitimidad de actuaciones por medio de consultas y participación popular en propuestas y debates sobre perfiles e ideal conductual de potenciales designados.

Alcanzar el poder con mayoría aplastante, caso del Partido de la Liberación (PLD) en el Congreso, con participación minoritaria o casi simbólica de oposición, no implica que esa fuerza avasallante sea usada para gobernar de espaldas al interés colectivo de ética y transparencia.

Pasadas las votaciones generales presidenciales, congresuales y municipales, hace cuatro meses, la credibilidad e imagen de JCE quedaron muy deterioradas y consecuentemente la renovación de sus integrantes como ordena la Constitución debe ser oportunidad para superar cuestionamientos.

Ni hablar de la Cámara de Cuentas, que se ha pasado todo un sexenio “haciendo cuentos” sobre supuestos o reales casos de irregularidades con recursos públicos, sin resultados tangibles para población en la necesaria lucha para castigar la corrupción. Ésta también debe ser remozada totalmente.

A pesar del triunfo del PLD el ambiente socio-político no le es todo favorable, decisiones económicos han sido indeseables y se necesita equilibrio para la gobernabilidad democrática, por lo que la sabiduría aconseja buscar consensos y equidad en designación de nuevos miembros de JCE y Cámara de Cuentas.
Ah, y no embriagarse de poder.