Por: Pedro P. Yermenos Forastieri
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De una u otra forma, a la sociedad dominicana la han convencido de que el Código Procesal Penal tiene una gran responsabilidad en el incremento de la criminalidad. Es que nos encanta atribuir a causas que no son, las consecuencias que sí son. A las reglas que operan después de los acontecimientos, le atribuyen haberlos propiciado. El caso es que desde hace años se desarrolla una enorme presión fáctica para modificar el Código y hacer, de manera fundamental, que se reduzcan los niveles de garantías que ofrece a todos los que intervienen en el proceso quienes, dicho sea de pasado, suelen ser los más desprotegidos.
Con ese propósito, el Congreso de la República conoció diversas propuestas, hasta que el tema finalizó en la Cámara de Diputados, instancia que había avalado en dos ocasiones la versión definitiva.
Al presentarse el momento de la aprobación final para remitir el proyecto al Poder Ejecutivo, la comisión de justicia les pide a sus colegas que lo liberen de trámites, que lo declaren de urgencia, que no lo envíen a comisión y que lo aprueben bajo la premisa de que se trataba del mismo texto previamente conocido y aprobado por la mayoría.
En un gesto compresible y que constituye una demostración natural de la confianza debida que se supone debe existir entre los integrantes de una misma institución, los legisladores procedieron a aprobar lo que para ellos era el mismo proyecto que antes habían dilucidado.
Cuando la ciudadanía, en especial la vinculada al mundo jurídico, conoce las modificaciones introducidas, nota que se había excluido el párrafo tercero del Artículo 85 del Código, eliminando con eso la posibilidad de que cualquier persona pueda interponer querellas contra funcionarios públicos acusados de corrupción.
Resulta, que una diputada, Minou Tavárez Mirabal, al darse cuenta de lo ocurrido, denunció que el proyecto que los diputados aprobaron, dejaba intacto el referido Artículo. Si no se ha percatado, lo que eso significa es que una vez el proyecto fue aprobado en la Cámara Baja, manos ocultas hicieron una adulteración de su contenido para que al Poder Ejecutivo llegara una versión distinta a como salió del hemiciclo. Así actúan quienes hacen las leyes que debemos acatar. Son sus primeros violadores, incluso desde antes de que lo sean. Y eso no es lo peor. Lo más grave es que, pese a lo escandaloso de la situación, nadie pagará las consecuencias de tan vergonzosa conducta.
