POR: Oquendo Medina
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El concepto clase política fue dado a conocer por el sociólogo italiano Gaetano Mosca. Dicho término no tiene ningún tipo de semejanza con el de clase social, este último prácticamente reconocido por las ciencias sociales, políticas y económicas desde los orígenes de la humanidad.
En efecto, mientras la clase política está integrada por individuos que pertenecen a diferentes estratos socioeconómicos, quienes actúan y se relacionan en común acuerdo con una finalidad predeterminada: la toma del poder político; la clase social está estrechamente ligada a los procesos y medios de producción, en donde se ubica a un grupo de individuos o segmento poblacional de acuerdo al lugar que ocupa en las relaciones de producción, llegando a dividirse en clase alta (burguesía), media (pequeño burgués) y baja (proletariado).
La clase política, que es la que nos interesa, está conformada por el conjunto de todos los partidos políticos que hacen vida activa dentro de una sociedad determinada.
Por ejemplo, digamos que nuestra clase política representa el conjunto de todas las organizaciones políticas que están legalmente reconocidas por la Junta Central Electoral.
Ahora bien, cuando esa clase política, señalada por algunos como dominante, pasa a administrar el aparato del Estado, es decir, a ejercer el poder político, ya sea a nivel centralizado o descentralizado, se convierte automáticamente en clase gobernante (aunque algunos analistas señalan que ésta existe dentro y fuera del gobierno). En un país como el nuestro, de acuerdo a lo establecido en nuestra Constitución, esa clase política gobernante lo sería por un período de cuatro años.
A menos que dicha organización no sea reelegida por la voluntad libérrima de la mayoría de los electores, como efectivamente ha sucedido con los tres principales partidos políticos del país: PLD, PRD y PRSC. Para nosotros, estamos ante la presencia de una clase política gobernante cuando la mayoría de individuos de una misma parcela política se convierten mayoritariamente en funcionarios públicos.
De hecho, nombrados por el presidente de la República dentro de las atribuciones que le corresponde en su condición de jefe del Estado dominicano, esperando que los mismos sepan salvaguardar con suma responsabilidad los recursos económicos que les ponen en sus manos de manera transitoria.
