Política y Derecho Constitucional
En las sociedades atrasadas y dependientes como la nuestra se considera que la política no debe mezclarse con el Derecho. Regularmente se piensa que el sistema jurídico tiene que mantenerse al margen de las luchas sociales. Los que así ven las cosas, que son la mayoría, sin importar que sean simples hijos del pueblo, abogados, intelectuales y funcionarios, ignoran que no es posible divorciar la política del Derecho.
Obsérvese que hemos escrito la palabra Derecho con mayúscula para diferenciarlo de los derechos, con minúscula.
La política siempre está relacionada con el Derecho. Más aún, éste no podría existir sin aquélla. Pero la política, sin una adecuada aplicación del Derecho, degenerara hasta convertirse en la actividad principal de los canallas, los gánsteres y los abusadores que se atrincheran en los cargos públicos para saciar sus apetencias personales de riquezas materiales y su necesidad de atropellar a los demás.
El Derecho no podría existir sin la política, por ser precisamente el Estado, como expresión de la nación jurídicamente organizada, que tiene el monopolio de la violencia sistémica, el que le da coherencia y sustento al Derecho.
Por ejemplo, el Derecho dominicano surge a partir del momento en que se crea el Estado Dominicano. Y éste se organiza y se institucionaliza con la puesta en vigencia de nuestra primera Constitución, esto es, la del 6 de noviembre de 1844.
Recordemos que el Pacto Fundamental, como bien lo conceptualiza el profesor Juan Bosch, en su obra El Estado, sus orígenes y desarrollo, es una especie de plano arquitectónico del Estado. Pero también es la herramienta jurídica esencial que tienen los ciudadanos para defender sus derechos fundamentales.
Los sectores dominantes de la sociedad, que son los que controlan el poder económico, social, político y militar, y que colocan a sus miembros y servidores ideológicos en los cargos públicos para que les preserven sus privilegios, procuran por todos los medios que los dominados, las grandes masas del pueblo, jamás se den cuenta de la forma en que son manipulados para mantenerlos sumidos en la ignorancia y la miseria material y espiritual. Sobre todo porque los sectores dominantes producen riquezas, de las cuales se apropian insensiblemente, reproduciendo la pobreza nacional.
Por tanto, el Derecho se convierte en el instrumento político de los sectores dominantes de la sociedad. Ellos imponen la ley como un cuchillo que sólo corta a los de abajo. Y, lamentablemente, son muchos los jueces, fiscales y demás funcionarios públicos que jamás se dan cuenta de esa verdad. Otros, mejor formados y avispados, lo saben. Pero actúan como si lo ignoraran, porque son pusilánimes y no tienen conciencia social ni nacional. Así aseguran sus carguitos, para seguir siendo comecheques.
En cambio, los juristas verdaderos, los que comprenden la naturaleza del Derecho Constitucional y su rol en la sociedad democrática de hoy tenemos la obligación de difundir las nuevas ideas y actuar responsablemente, jugándonos el pellejo si es necesario, para que el Derecho deje de ser un instrumento político y la política pase a ser un instrumento del Derecho, como lo explica Luigi Ferrajoli. Cuando esto suceda, las instituciones públicas y privadas se fortalecerán, los funcionarios servirán auténticamente a la sociedad, y no a sus espurios intereses individuales y grupales; las personas podrán vivir con dignidad y decoro porque sus derechos fundamentales estarán protegidos, y el país se desarrollará y progresará asombrosamente. Veremos cómo se potencian las iniciativas individuales y las sociales. No es una quimera ni utopía lo que planteamos. Es una realidad alcanzable. Todas las naciones desarrolladas del mundo conocen y aplican esas verdades.
Ahora bien, nuestra nación jamás alcanzará el desarrollo ni el progreso real al que aspira sino lucha por la creación del Estado Social y Democrático de Derecho. Y éste sólo existe donde se impone la dimensión sustancial de los principios de la Carta Magna. Los derechos no se mendigan, se conquistan y se ejercen. La acción de un tribunal constitucional especializado e independiente es el que impone esa dimensión sustancial de los principios de la Constitución. Crear esta jurisdicción es una tarea necesaria y urgente. Que nadie se lave las manos irresponsablemente, como Pilatos.
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