Se ha dicho, y con sobrada razón, que en la historia republicana de nuestro país nunca una reforma constitucional se había discutido tanto, ni por tantos medios, como la impulsada por el presidente Leonel Fernández. Y eso es bueno. Es una expresión de que estamos aprendiendo a vivir en democracia. También refleja el estilo tolerante, de diálogo y concertación, aunque algunos no lo quieren admitir, del jefe del Estado.
Quizás esa actitud del presidente Fernández esté influenciada por su militancia en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sobre todo en los tiempos de vida política en que los organismos se caracterizaban por la discusión permanente y disciplinada de materiales teóricos, planes y métodos de trabajo. Claro, sin obviar su singular formación intelectual y vocación humanística.
Como ejemplo de que vivimos un período de reforma constitucional especial, podemos recordar que ni siquiera la primera reforma constitucional, la del 1854, que fue la favorita de los dictadores, recibió tantas críticas. Ni la de Moca, en el 1858, con su gran contenido democrático. Recogió los ideales de los pequeños burgueses del Cibao.
La reforma de Juan Bosch, en 1963, con la cual se pretendió revolucionar la sociedad para barrer la cultura trujillista, no recibió tantos ataques. Fue una de las más avanzadas y liberales de su época, y con la Iglesia Católica en contra.
Menos crítica le asestaron a la reforma de Joaquín Balaguer, del 1966. Surge con los cadáveres de nuestros valientes hombres y mujeres, porque seguían cazándolos en las calles como si fueran animales de presa, después de la contienda cívico-militar y constitucionalista, transformada en una guerra patria por la grosera intervención norteamericana de 1965.
Tampoco se ventiló tanto la reforma de 1994. Fue producto de la crisis político-electoral, para sacar a Joaquín Balaguer del poder. Con ella se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, para sanear el Poder Judicial, y se procuró garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución, con la facultad otorgada a la Suprema Corte de Justicia para conocer de la constitucionalidad de las leyes.
Y la reforma del presidente Hipólito Mejía, la del año 2002, que es la que nos rige, por la tremenda crisis financiera que abate al mundo, no recibió mayores críticas. Con esa reforma se reintrodujo la reelección, aunque sólo por un período consecutivo. Mejía trató de continuar gobernando. Pero nadie sabe para quién trabaja. Hipólito trabajó sin proponérselo para facilitar el retorno al poder de Leonel Fernández.
Efectivamente, en ninguno de esos períodos, para sólo señalar varios, porque van 37, ha habido oportunidad de hablar tanto sobre el tema. Y fíjense que esos son algunos de los más importantes episodios en la historia de las revisiones a la Carta Magna que marcaron, muchas veces con fuego, a la nación.
La reforma constitucional de la cual está apoderado el Poder Legislativo, en su función de Asamblea Revisora, independientemente de los supuestos errores que se le atribuyen, tiene la virtud de haber elevado el debate jurídico.
Recordemos que primero se comentó libremente y se creó por Decreto una Comisión de Juristas; se hizo una consulta popular amplia; se redactó el proyecto de reforma y se sometió al fuego de la crítica con los debates y foros que auspiciaron el Gobierno y sectores privados y académicos. Y después de depositado en el Congreso, es que ha recibido los más ásperos análisis, frases rimbombantes en su contra y vituperios.
Evidentemente que la sociedad dominicana ha quedado divida, por decirlo de alguna manera, entre los que desean la reforma constitucional, conforme fue presentada por el presidente Leonel Fernández, y los que se oponen a ella, cercenándola en sus aspectos fundamentales. La Asamblea Revisora tendrá la última palabra, salvo golpes posteriores con acciones en declaratoria de inconstitucionalidad. Mucho ojo con eso.
