La marcha que se realizó el domingo recién pasado, motivada por la lucha social que tuvo como finalidad declarada y eslogan principal poner fin a la impunidad, goza de una polisemia digna de ocupar la atención de los analistas más acuciosos.
El amplio apoyo que esa marcha concitó en el país fue extraordinario. Todos los sectores sociales, económicos, culturales y políticos se identificaron con su propósito. Nadie en su sano juicio se atreve a oponerse a que tengamos un sistema de consecuencias efectivo, o sea, que los que violan la ley sean sometidos a la justicia y que, después de preservarles el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva en un auténtico proceso judicial, sean condenados.
Toda sociedad aspira a que su sistema jurídico sea respetado, como condición esencial para que sus instituciones funcionen.
Aquella actividad de masas fue considerada por uno de sus organizadores como una gran marcha. Cuando lo escuché con esa calificación pensé que ese dirigente social debió ser un seguidor de Mao Zedong o Mao Tse-tung en algún momento.
En el pasado reciente teníamos muchos adeptos del gran timonel chino. Consciente o inconscientemente se sintió un discípulo que ponía en práctica Las Cinco Tesis Filosóficas y el Libro Rojo de Mao.
Otros de los organizadores consideró que la marcha representó un cuestionamiento directo al gobierno central, para que los implicados en los casos de sobornos de Odebrecht recibieran las sanciones que establece el Derecho Penal. Y que se extendiera a los que han sido partícipes de otros crímenes y delitos contra el erario.
Bajo este criterio, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se convierten en los blancos principales de los efectos que pudiera generar la marcha. Pero es evidente que muchos de los que apoyaron esa manifestación democrática no personalizan en el Presidente la falta de sanciones a los corruptos.
Ahora bien, cuando los organizadores de la marcha dijeron que su protesta tenía como objetivo poner fin a la impunidad, sin darse cuenta liberaron al presidente Danilo Medina de las críticas que generaron la manifestación.
Esto es, que la marcha no cuestionó al Primer Mandatario, sino a la justicia, que es aplicada por el Poder Judicial. Este es el órgano constitucional que ejerce la función jurisdiccional del Estado y, por tanto, el poder sancionador.
En el orden institucional, la impunidad en los actos de corrupción administrativa no es ni puede ser culpa del presidente de la República. Él no penaliza esos hechos. Es a la Judicatura a quien le corresponde esa tarea.
Por tanto, las críticas que produjo la marcha están dirigidas contra el Ministerio Público, quien debe perseguir y someter bien a los corruptos, y contra los jueces penales, que son los que enjuician y condenan esos casos, conforme al orden institucional. En lo político, es otra cosa.
