Los que luchamos por la creación del Tribunal Constitucional (TC) lo hicimos porque sabíamos que la democracia dominicana no avanzaría sin ese órgano jurisdiccional especializado. Él se encargaría, como función regular y universalizada, de proteger los derechos fundamentales, dándoles dignidad a los dominicanos, y de controlar los excesos del poder político.
Nadie debe ignorar que el Estado, a través de sus órganos e instituciones, es el que debe velar por la garantía de los derechos ciudadanos; pero, paradójicamente, es el más grande violador de las prerrogativas humanas que está llamado a defender.
Sobre todo en una sociedad como la nuestra, en que cualquier funcionario se convierte en un tiranuelo. Esa es la herencia trujillista, como vulgar síntesis de una cultura autoritaria que se remonta a los orígenes de la República.
Los que se opusieron en aquel entonces a la creación del TC, encabezados por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) pasada, lo hacían por intereses personales: buscaban que se creara una Sala dentro de la SCJ, en lugar del TC, para ellos seguir controlando las funciones constitucionales. Nada más desacertado.
Alegaron que el funcionamiento del TC representaba un gasto presupuestario inmenso e innecesario y que generaría un choque de trenes.
Toda democracia tiene su costo y la colisión entre órganos constitucionales, dentro del orden normativo y competencial, además de inevitable es provechosa. Inevitable, en razón de que sus titulares suelen confundirse en sus funciones. Provechosa, debido a que eso significa que no están muertos, que están trabajando.
Pero ahora tenemos que preocuparnos por el incumplimiento de las sentencias del TC y de todos los demás tribunales del orden judicial.
El presidente del TC, el magistrado Milton Ray Guevara, puso el dedo en la llaga de esa inaceptable práctica. Lo hizo en su discurso de rendición de cuentas, con motivo del Quinto Aniversario del máximo guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales. Esos desacatos a las sentencias se producen en todos los niveles.
El autor de esta columna recuerda que como juez del Tribunal Superior Administrativo (TSA) vivió la amarga realidad de ver que algunos funcionarios no cumplían con las sentencias que dictábamos en este tribunal. Y teníamos que conminarlos a obedecer, mediante aplicación de astreintes, o sanciones económicas, computadas por cada día de retardo en la ejecución de la decisión.
El mal institucional se agrava más frente a la inconstitucionalidad por omisión que se está cometiendo. No se han cumplido los mandatos de la Carta Magna para que se aprueben leyes que son necesarias en nuestro orden jurídico.
Creemos que la Constitución es efectiva por sí misma, pero esas normativas facilitarían su función. Tales como la de referendo, delimitación territorial, participación local, partidos políticos y poner en funcionamiento los tribunales contenciosos administrativos. ¿Hasta cuándo?
