La Ley 311-14, sobre declaración jurada de patrimonios, establece la destitución e inhabilitación por cinco años de sus cargos por manejos fraudulentos de fondos de los funcionarios que no presenten en el tiempo previsto por dicha legislación sus declaraciones juradas de bienes.

El artículo 14 señala de manera expresa que: “…el servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley 41-08, de Función Pública”.

El artículo dice que constituyen faltas de tercer grado cuya comisión dará lugar a la destitución del cargo, manejar fraudulentamente fondos o bienes del Estado para provecho propio o de otras personas, realizar, encubrir, excusar o permitir, en cualquier forma, actos que atenten gravemente contra los intereses del Estado o causen, intencionalmente o por negligencia manifiesta, grave perjuicio material al patrimonio del Estado.

Indica que el servidor público destituido por haber cometido cualesquiera de las faltas señaladas en este artículo, quedará inhabilitado para prestar servicios al Estado por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de notificación de la destitución.

La Ley 311-14 obliga a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales dentro de los 30 días siguiente a la toma de posesión.

Las declaraciones deben ser presentadas en formato impreso ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Dicha ley establece que cuando el funcionario público no obtempere a dicho requerimiento en la forma y los plazos establecidos por esta ley, o cuando no justifica su falta de presentación, la declaración se reputa como no depositada con todas las consecuencias legales.

Precisa que la información suministrada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana podrá ser utilizada por la Procuraduría General de la República para iniciar una investigación preliminar sobre dicho funcionario.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, doctora Licelott Marte de Barrios, sometió un listado con los nombres de los funcionarios estatales que hasta la fecha no han presentado sus declaraciones de bienes.

El procurador Francisco Domínguez Brito informó que los funcionarios que no realizaron sus declaraciones juradas, serán citados.