Siempre he dado por un hecho que una acción judicial contra un influyente senador de la república, que al mismo tiempo es secretario de organización del partido gobernante, por su innegable magnitud, es imposible que se ejerza sin la anuencia del jefe del ministerio público, que no es otro que el presidente de la nación.

Al recordar que en los inicios de esta gestión de gobierno, el primer mandatario dijo que no era conveniente tirar piedras para atrás, no resulta difícil confirmar que su voluntad era la de no propiciar procesos judiciales en los cuales podrían estar involucrados sus compañeros de partido.

En ese contexto, es difícil conciliar esa actitud con la acción ejercida contra el senador Félix Bautista.

Entender esa aparente contradicción supone comprender que la orden para actuar se inscribía dentro de la lucha interna por el poder en el Partido de la Liberación Dominicana.

Se trataba de una de las armas a ser exhibidas por la corriente del presidente para derrotar a la de su antecesor en los afanes por asumir la candidatura presidencial para las próximas elecciones.

El recurso es lo que procede

Se pretendía, con el ardid, mellar la resistencia de Leonel Fernández para que los legisladores que respondían a sus directrices votaran a favor de la reforma constitucional que permitiese la repostulación del actual presidente.

El procurador general de la república, no obstante, se tomó muy en serio su papel y todo parecía indicar que llevaría las cosas hasta las últimas consecuencias y que, para él, el proceso era parte de un necesario enfrentamiento del flagelo de la corrupción administrativa.

Las circunstancias políticas electorales de hoy son muy distintas al momento en que aquella arma de competencia resultaba útil.

Se logró modificar la constitución; el presidente es candidato y, por eso, lejos de ser conveniente, el proceso judicial es obstáculo para la marcha del objetivo esencial que es la de empujar la reelección presidencial. No es hora de ruidos perturbadores.

Esta nueva realidad desafía al procurador general. Al no recurrir la decisión dictada en favor del senador, estaríamos autorizados a suponer que el primero fue parte de una trama perversa de la peor simulación imaginable.

Es cierto que lo previsible es la ratificación por el pleno de la suprema corte de la sentencia recurrida. No importa. Como quiera, el recurso es lo que procede, aun sea para ampliar el número de quienes fungen como magistrados, pero operan como activistas políticos.