La regulación de los servicios públicos de telecomunicaciones es una de las tareas más complejas y desafiantes que debe tener el regulador. Es adecuar la transición convergente de la voz, data y vídeo en la autopista de alta velocidad que es Internet. Es lo que está haciendo España, en donde la Comisión de Mercado de Telecomunicaciones ya ha lanzado su propuesta de regulación de la fibra óptica, y recientemente, se acaba de anunciar en Inglaterra, a través de OFCOM, el órgano regulador de las telecomunicaciones, que ha hecho una consulta pública.

El mes pasado escribí sobre este tema, llamando la atención a que, en nuestro país, debemos dar el próximo paso, que es lograr la interconexión en el Internet entre los proveedores de servicios. El “approach” que han tomado la OFCOM en Inglaterra y la CMT en España, es distinto, aunque, en el fondo, procuran lo mismo: promover inversiones y asegurar competencia.

Tanto España como Inglaterra tienen un operador que ejerce un poder dominante en el mercado, como lo son Telefónica y Brittish Telecom. Ambos reguladores, el español y el inglés, han tenido que, en el curso de los años, ir adoptando decisiones para que estas dos empresas se adecuaran a la realidad del mercado, abriendo sus facilidades para el resto de los concesionarios, sobre todo en la telefonía móvil y en el Internet. Y ambos reguladores, a quienes respeto, lo han hecho con éxito.

Para que tengamos una idea, lo más costoso en la instalación de una nueva red es la infraestructura, que incluye canalizaciones, conductos, arquetas… Instalar redes de fibra óptica, cuesta… y mucho. El operador que ha tenido muchos años en un mercado, ya tiene su red, y por lo tanto, ofrecer estos servicios no representa un costo elevado. Distinto al operador entrante o al proveedor de este nuevo servicio, que sí tiene que instalar su red completa. De ahí la duplicidad de redes, ante la imposibilidad de lograr una interconexión.

Justamente, esto es lo que, con diferentes visiones, están logrando hacer en España y en Inglaterra. En el caso de España, el operador tradicional está obligado a compartir sus conductos con otros proveedores de servicios, mediante el pago de un “peaje”. En el caso de Inglaterra, la propuesta procura que la división de Internet de alta velocidad del operador tradicional, Openreach, ofrezca a precios mayoristas para el acceso a la banda ancha, y lo deberá hacer en las mismas condiciones que se los provee a sí misma. En cierto sentido, la propuesta inglesa es más conservadora que la española.

Al final, estas regulaciones procuran más libertad en el mercado, con precios competitivos, y que el consumidor pueda seleccionar el servicio que mejor le convenga. En nuestro país, el servicio de Internet, en términos generales, es todavía muy caro para la mayoría de los consumidores. Y, por otra parte, todavía la Intenet, y su banda ancha, no cubren todo el país. Para hacer atractivo la inversión en infraestructura, hay que dar el paso hacia la interconexión en Internet. Guardando las distancias, España e Inglaterra nos dan un buen ejemplo.