Las redes sociales como instrumentos para la expresión pública de los ciudadanos ha resultado ser un dolor de cabeza para las personas y autoridades en nuestro país que temen y ven como una amenaza al ejercicio abierto del derecho fundamental a la expresión.

El país pudiera a su entera discreción acceder a las herramientas actualmente disponibles para ejercer un control razonable de aquello manifiestamente ilegal que ocurra en las mismas, sin embargo, acá se ha venido coqueteando con planteamientos sin sentido que no nos van a llevar a nada.

Si realmente existe la intención de perseguir delitos u obtener evidencia de delitos reales en las redes sociales, el país puede suscribir acuerdos bilaterales de asistencia legal mutua o entrar en la Convención Interamericana de Asistencia Legal Mutua de la OEA, que proveen los mecanismos comúnmente aceptados por las empresas que manejan las redes para proveer información a las autoridades que lo soliciten.

Ya hablar de legislar para controlar el contenido o las “cuentas falsas” es ridículo en una sociedad que se precie de ser democrática y tiene potencial de ser muy peligroso.

Por un lado, tratar de presionar a las empresas que administran redes sociales a través de legislación no nos va a llevar a ninguna parte, dado a nuestro tamaño siempre va a ser más barato para esas empresas simplemente bloquear el servicio a todo el país que tener que complicarse con los vaivenes legislativos de un paisito del Caribe. El costo económico y a nuestra reputación como país de una puja entre nuestras autoridades y las empresas que manejan redes sociales sería incalculable.

Más aún cualquier intento de regulación sobre algo tan cambiante como los distintos ecosistemas que operan en el internet está destinado al fracaso, ya que ni la regulación ni los reguladores van a poder mantener el ritmo para detener lo que ocurra o impedir su acceso al resto del público.

El más grande y costoso aparato de censura en línea del mundo, el Gran Firewall de China, es fácil y constantemente subvertido por la mayoría de chinos impunemente. Será muy cuesta arriba para República Dominicana lograr algún éxito con algo que naturalmente será mucho menos ambicioso que lo que intenta el gobierno de China.

Tratar de regular el internet es como tratar de contener aire en un puño. No sólo no va a funcionar, y quedará rápidamente expuesto por sus fallas, sino que implica un costo enorme sin ningún beneficio y demasiados perjuicios. Para enfrentar las actividades ilegales en línea debemos abocarnos a soluciones del mundo real y poner de lado los molinos de nuestras quijotadas.