La Iglesia Católica así como las iglesias evangélicas en nuestro país gozan de exenciones impositivas debido a la estructura legal de sus relaciones con el Estado dominicano y los terceros. Más aún, estas suelen con frecuencia solicitar asistencia económica directa del Estado, quien en mucho de los casos suele otorgarla sin muchos rodeos; lo que sin lugar a dudas constituye un privilegio frente a aquellos menos afortunados que no suelen recibir esas dádivas. Tanto por sus exoneraciones impositivas así como por su condición de receptores de asistencia estatal, tanto la Iglesia Católica como las protestantes deben seriamente reconsiderar su persistente activismo político que en esas circunstancias rayan en lo inmoral.

Los líderes religiosos de las diversas denominaciones del cristianismo en nuestro país han mostrado una alta vocación para inmiscuirse en asuntos políticos que incluso llegan tan lejos como favorecer (o no) a tal o cual candidato. En principio esto no debería ser motivo de preocupación puesto que efectivamente estas organizaciones, al igual que todos nosotros, gozamos del derecho constitucional a la libertad de expresión. El problema ético y moral, sin embargo, surge cuando al mismo tiempo estas no solo se benefician del privilegio de la exoneración impositiva, sino que abiertamente se quejan una de la otra por la cantidad de ayuda económica que reciben o dejan de recibir del Estado.

Cuando el Estado otorga una asistencia económica o una exoneración impositiva a una organización, se entiende que el mismo lo hace por la naturaleza del objeto social de dicha entidad el cual como política estatal se desea promover. Cuando entidades exoneradas de impuestos o bajo la asistencia directa del Estado se involucran en defender posturas políticas o candidatos a funciones públicas, se entiende que se produce una promoción indirecta del mismo Estado a dichas posturas o candidatos, lo que a todas luces es inapropiado y bordea muy cerca de lo ilegal.

Muchos países con democracias más desarrolladas que la nuestra resolvieron este evidente problema moral y legal prohibiendo a toda entidad exonerada del pago de impuestos o que reciban asistencia del Estado a involucrarse en cualquier forma de proselitismo político, bajo pena de ser despojadas de su exoneración impositiva o asistencia. Es por ello que la participación activa de representantes religiosos en la política suele ser un tema de casi exclusivo acontecer en el tercer mundo al cual pertenecemos.

Es injusto que con el dinero de los impuestos pagados por los dominicanos se financie o subsidie el apoyo a posturas políticas que no son compartidas por la totalidad del país, o como en algunos casos, ni siquiera responden a los sentimientos de la mayoría.

No sugiero silenciar a las distintas organizaciones religiosas o limitar su capacidad de expresar libremente sus opiniones, lo que sí entiendo moralmente correcto es que si estas van a involucrarse activamente dentro de la opinión política, es que estas lo hagan bajo su propio soporte financiero, sin exoneraciones de impuestos o con asistencias económicas pagadas con fondos aportados de manera compulsiva por gente que no necesariamente va a estar de acuerdo con ellas.