Uno de los temas más espinosos en la política dominicana es el de la repostulación presidencial consecutiva. Eso tiene su origen en el pasado azaroso que la desprestigia y a los traumas que se haninoculado en la psiquis de los dominicanos por las consecuencias ominosas que nos ha deparado.
Despojadas las cosas de esos agregados derivados de circunstancias que son innegables, no debiera ser así. La repostulación para intentar continuar al frente de cualquier entidad que se dirija, debiera ser una prerrogativa inalienable de quienes lo deseen, para que sean los electores quienes decidan si ofrecen un espaldarazo al pretendiente, o colocan un punto final a sus apetencias.
Por eso no tengo objeciones de principio a esa posibilidad. Ahora bien, estoy consciente de que el ejercicio de esa facultad debe estar supeditado a un escenario institucionalizado, que constituya una garantía irrefragable de que a quien ostente el poder y pretenda continuar en él, le esté vedada la oportunidad de volcar el patrimonio colectivo para la consecución de su propósito, propiciando un clima de ostensibles ventajas competitivas frente a sus adversarios.
Ese escenario ha estado ausente en este país, por eso, la historia nuestra demuestra que la repostulacion presidencial ha servido no tan solo para generar un uso descarado de los recursos públicos, sino una burda y onerosa construcción de mayorías legislativas para convertir la Constitución en un instrumento al servicio de proyectos continuistas.
Esa caótica realidad institucional ha determinado que, pese a la no objeción por principio de la repostulación, tantas personas hayan optado por oponerse a ella e intentar impedir, de esa manera, lo que no son más que desmedidas ambiciones de poder.
Lo dicho hasta aquí, no obstante, tiene que ver con una realidad fáctica que puede o no coincidir con los preceptos constitucionales en torno al tema de la repostulación y, en ese sentido, puede haber Cartas Magnas que cierran de forma radical la presentación consecutiva de un primer mandatario y otras que, agotados ciertos mecanismos, permiten convertirla en una posibilidad revestida de legalidad e incluso de legitimidad.
Analizar nuestra Ley Sustantiva sobre ese particular es lo que pretende esta serie de artículos, no sin antes rogar que despojemos de pasiones políticas las reacciones ante estos argumentos, y no incurramos en la tendencia precipitada de atribuir a los demásintereses ocultos, cuando lo que se pretende es abordar la problemática desde una perspectiva con rigoracadémico.
