Como resultado de la crisis financiera del 2008 los Estados alrededor del mundo han entrado en un frenesí regulatorio, agrandando sus normativas sectoriales a modo de hacer frente a lo que estos han entendido fueron las causas de uno de los episodios más oscuros de la economía global. Aún no queda claro qué tan significativo fue el impacto de la demonizada “desregulación” en los eventos que llevaron hacia la crisis, pero cuando las cosas caen en problemas lo primero en levantarse son los dedos acusatorios, y desde aquel entonces estos han sido dirigidos hacia ella. No mucho se ha analizado sobre si la desregulación era tal como se argumentó o si en realidad los sectores económicos estaban abrumados en regulaciones ineficientes, lo que sí luce inevitable es que en la medida que el ejercicio de apilar normas unas arriba de otras siga afectando la capacidad de las economías de generar empleos y un crecimiento más dinámico, el tema deberá ser retomado.
El principal sector afectado tanto por la crisis como por la subsiguiente oleada regulatoria ha sido el financiero. Resulta llamativo el caso del sector financiero, ya que de manera sostenida antes de la crisis y luego de la crisis este ha sido uno de los sectores, sino el sector, más regulado en todas las economías del mundo. Y no es para menos, como ya descubrimos en República Dominicana en el 2003 y el resto del mundo en el 2008, los problemas en el sector financiero pueden ser funestos, sino catastróficos, para toda una economía y tienen la capacidad de arrastrar a todos los sectores consigo al suelo.
En Estados Unidos, al momento de la crisis, el sistema financiero estaba supervisado por 7 reguladores diferentes (hoy son 8), estaba impactado por varias docenas de leyes federales distintas, un número mayor de reglamentos y normativas regulatorias de carácter federal, cada Estado de la Unión a su vez tenía una Autoridad Financiera y leyes específicas para los bancos que operan en su territorio, y ni hablar de Basilea I, Basilea II y otros lineamientos internacionales de carácter público y privado. No obstante ciertos elementos de la crisis tales como la falta de mandatos claros atribuibles a cada uno de los supervisores, dificultad de interpretación de las normas o abierta contradicción entre ellas, la existencia de leyes con mandatos o imposiciones a las entidades de intermediación financiera sin una evaluación adecuada de riesgos, entre otras, hoy la normativa impactando al sector se ha duplicado sin que esos huecos fundamentales hayan sido atendidos.
Similar ha estado ocurriendo en Europa y Latinoamérica, y no solo limitado al sector financiero, sino expandiéndose sobre telecomunicaciones, energía, minería, agricultura entre otros sectores productivos. Algo que viene luciendo más inducido por pánico y asumir poses políticas que por un análisis que justifique seguir apilando más limitaciones legales al libre desenvolvimiento de los mercados.
La regulación es un tema complejo que debe ser abordado con cuidado. Sea retomar la desregulación, apretar más sobre esta o simplemente buscar que esta sea más eficiente, debe quedar claro que la solución a los problemas económicos de las naciones rara vez tienen soluciones legales y que para encontrar estas es preciso mantener las cabezas frías.
