En esta semana concluyó el mayor proceso judicial seguido contra la corrupción en Brasil, llamado mensalão (mensualidad), con 25 condenas y 12 absoluciones, más de 250 años de cárcel y 20 millones de reales de multa. Un caso que salpicó las más altas instancias del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula y de la presidenta Dilma Rousseff, pues, entre los condenados, están el ex ministro de Lula, José Dirceu; el ex presidente del partido, José Genoino, el ex tesorero Delubio Soares, y el ex presidente del Congreso, Joao Paulo Cunha. Con excepción de Genoino, todos cumplirán sus penas en la cárcel.
El Tribunal Supremo Federal consumió 49 sesiones de trabajo, en lo que ha sido, sin dudas, el juicio del siglo. Ha sido la mayor demostración de fortaleza institucional de los poderes del Estado en Brasil. La presidenta Dilma Rousseff hizo lo que tiene que hacer todo jefe de Estado, alejarse de todo ese escándalo y apoyar las investigaciones del Poder Judicial. Igualmente, el Congreso brasileño tuvo que también abrir sus puertas para que la investigación llegase a su propio corazón, y extirpar el cáncer de la corrupción.
No es el primer gesto de Dilma frente a la corrupción. No le ha temblado el pulso al destituir a funcionarios cercanos acusados de corrupción. Más recientemente, Dilma destituyó a su propia jefa de gabinete, acusada en un nuevo escándalo. Esa actitud es lo que le ha dado el respeto global y local a Brasil. Sin violentar el debido proceso, pero con firmeza, enfrentando y sancionando la corrupción. Sin hacer circo.
Lo peor que puede hacer una nación que vive en democracia, es no exigir rendición de cuentas a quienes han ejercido o ejercen funciones públicas. Ese es el mensaje que Dilma ha enviado al mundo, a su país y a su partido. Su camino a la reelección está abierto y ella va en el carril de adentro.
